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El juez envía a prisión a los ocho detenidos por pertenecer al frente de presos de ETA

Los ocho detenidos se han acogido a su derecho como imputados y se han negado a declarar ante el juez

Agentes de la Guardia Civil conducen a Jon Enparantza, detenido junto con otras siete personas en la operación llevada a cabo esta tarde contra miembros del grupo de enlace con el colectivo de presos de ETA(EFE)

Agentes de la Guardia Civil conducen a Jon Enparantza, detenido junto con otras siete personas en la operación llevada a cabo esta tarde contra miembros del grupo de enlace con el colectivo de presos de ETA

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado el ingreso en prisión incondicional, sin fianza, para los ocho detenidos el pasado miércoles en el marco de la Operación Jaque, por pertenencia a banda armada. El juez sostiene que el "posible error" de Interior posibilitó la destrucción de pruebas y que los detenidos formaban parte de un "brazo operativo de ETA"

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El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de acuerdo con el fiscal, ha enviado a prisión sin posibilidad de fianza a los ocho detenidos el pasado miércoles por pertenecer al frente de presos de ETA. Ninguno de los sospechosos, que han comparecido durante esta mañana ante el magistrado, han declarado ante el juez.

Se trata de Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren. Todos ellos, excepto Almandoz que estaba preso en Francia, aparecen en la relación hecha pública en julio de 2012 con los 25 integrantes del grupo de interlocución con los presos de ETA, formado por personas ligadas a la izquierda abertzale, expresos y abogados, y cuyo objetivo era contactar con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los reclusos de la banda terrorista.

Antes de que concluyeran las comparecencias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había anunciado que iba a solicitar el ingreso en prisión incondicional de los sospechosos ante el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

Los ocho fueron detenidos el miércoles pasado, en la polémica Operación Jaque adelantada por el Ministerio del Interior vía twitter antes de que se produjera, lo que provocó la apertura de una investigación ya archivada por la Fiscalía y la destitución del jefe de prensa del ministro Jorge Fernández Díaz.

En su auto, el juez Velasco dice que ante el "posible error" del Ministerio del Interior los imputados fueron "alertados" y ello provocó que "no aparecieron reunidos sino dispersos destruyendo documentos, de modo que ha aparecido un pen drive machacado conscientemente, otros escondidos en el interior de cojines de sofás e incluso ordenadores con cables arrancados". También un "churro o canutillo" en papel cebolla conteniendo una comunicación de la "dirección de ETA" de diciembre de 2013 "dirigida a sus militantes" que junto con los "movimientos rápidos" de personas por las estancias del local a registrar que se detectaron "un cuarto de hora antes de iniciarse el registro", el "arrastre de muebles" que se apreció, el "cierre violento" de puertas y el intento de "tres de los detenidos" de "huir del local" mientras otros dos "vigilaban la calle" hace inferir no solo "lo cierto de la clandestinidad" de las reuniones, sino también "lo acertado" de los indicios que indicaban que este grupo contaba con un grado tal de autonomía en la gestión del "destino penitenciario" de los presos de ETA, que le conformaba como un "brazo operativo de la ETA misma".

 
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