Posada ya tiene en su poder la propuesta del Parlament para convocar referendos
La propuesta ha llegado al Congreso de los Diputados acompañada de una carta informativa de la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert
El Congreso de los Diputados ya ha recibido la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento catalán para pedir la delegación de la convocatoria de referendos para que Cataluña pueda celebrar su consulta soberanista. El texto de la iniciativa va acompañado de una carta de la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert.
El Congreso de los Diputados ha recibido a las diez de la mañana de este viernes la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento catalán para pedir al Gobierno que delegue a la Generalitat la competencia de convocatoria de referendos con el fin de que Cataluña pueda celebrar en noviembre la consulta soberanista prometida.
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El texto de la iniciativa se ha enviado por duplicado, un ejemplar para su registro en el Congreso y otro acompañando a una carta de la presidenta del Parlament, la democristiana Nuria de Gispert, al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, informándole de la aprobación de la proposición de ley.
Una vez registrada, la iniciativa habrá de ser calificada por la Mesa del Congreso, que tiene su próxima reunión el martes día 21. Como enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios, ya que la Constitución lo sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones, la admisión a trámite del texto podría demorarse hasta la primera semana de febrero.
Cuando se califique y se publique en el Boletín Oficial de las Cortes, la iniciativa del Parlament habrá de 'ponerse a la cola' con todas las que tienen registradas el resto de cámaras autonómicas y que el Congreso sólo debate una por una y una vez al mes.
Por eso, y para agilizar los trámites, la intención de CiU, ERC e ICV es registrar ellos el mismo texto pero como iniciativa de sus grupos parlamentarios, lo que garantizaría celebrar el debate en el Pleno del Congreso esta primavera. En todo caso, antes de su debate el texto debe remitirse al Gobierno, que tiene 30 días para autorizar o no su discusión.
Es decir, que la propuesta catalana, sea el texto del Parlament o el que presenten los grupos parlamentarios, no se espera que llegue al Pleno del Congreso antes de finales de marzo o principios de abril.
