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Lunes, 16 de Septiembre de 2019

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La CE y el ministerio de Economía investigan al Hospital de Burgos

La denuncia de un particular señala una serie de irregularidades

La Comisión Europea y el Ministerio de Economía estudian posibles irregularidades en la financiación del nuevo hospital de Burgos. El centro fue construido y equipado por una unión temporal de empresas financieras, constructoras y de servicios a cambio de la concesión de catorce servicios no asistenciales durante los próximos 30 años. Es la llamada fórmula de concesión de obra pública.

Ha sido la denuncia de un particular la que finalmente ha destapado la caja de los truenos. Mientras sindicatos y grupos de la oposición llevan años advirtiendo de posibles irregularidades, una denuncia de un particular comenzó en agosto de 2013 una andadura compleja que empieza a dar resultados.

La denuncia de un particular señala una serie de irregularidades y apunta como responsables a la empresa concesionaria, la Junta de Castilla y León y el Banco Europeo de Inversiones, entre otros.

En su denuncia sostiene que en el procedimiento se han vulnerado varias directivas europeas y la Ley de Competencia porque la empresa adjudicataria tuvo un trato ventajoso.

Recuerda que el hospital se adjudicó con un presupuesto cerrado de 242 millones de euros, que finalmente se vio ampliamente superado; tenía un plazo de 32 meses para su ejecución, que también se superó con creces; y, además, en 2011, cuando todavía faltaba un año para la apertura del centro, la propia adjudicataria, la Junta de Castilla y León, avaló un crédito de 128 millones de euros para la empresa concesionaria en el Banco Europeo de Inversiones. Ahora la comisión europea ha decidido examinar la denuncia para determinar si abre un procedimiento de infracción.

De forma paralela, el Ministerio de Economía español instruye un expediente por infracción de la Ley de Auditoría de Cuentas por no presentar a tiempo las de 2011. Poco después de la apertura del expediente, la empresa registró las cuentas, aunque el procedimiento sigue adelante y podría dar lugar a una sanción de hasta 300.000 euros.

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