El Supremo también investiga al senador Miguel Zerolo por cohecho

El Tribunal Supremo ha abierto una segunda causa contra el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y senador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, por un presunto delito de cohecho que habría cometido en la recalificación de dos parcelas y la gestión de la concesión para construir un puerto deportivo, todo para supuestamente beneficiar a un empresario. El senador ya tiene abierta otra causa en el Tribunal Supremo, pendiente de juicio, por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al adjudicar "a dedo" una obra de millones de euros.

Es la segunda causa que el senador de Coalición Canaria y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, tiene abierta en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción política y urbanística. En este caso, el alto tribunal se hace con la investigación sobre la presunta implicación del exalcalde en una trama urbanística favoreciendo los intereses de un empresario recalificando parcelas de forma irregular y modificando la concesión para construir y explotar un puerto deportivo y club de mar en el puerto de la ciudad.

Los hechos descritos en la exposición razonada elevada por la justicia canaria describen las supuestas irregularidades cometidas por Zerolo cuando era alcalde de Santa Cruz de Tenerife para favorecer los intereses particulares del empresario de la construcción José Ana Pérez Labajos, también presuntamente implicado en el caso del Forum Filatélico como testaferro. Las irregularidades se habrían cometido durante la "gestión de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un puerto deportivo y club de mar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife", y también en la recalificación presuntamente irregular de dos parcelas en el Valle de Tahodio.

Para los investigadores, la explicación de la forma de actuar de Zerolo "era la importancia que la figura de José Ana Pérez tenía, pieza clave en las relaciones con el Ayuntamiento y su alcalde para lograr la reclasificación de los terrenos y su máximo aprovechamiento". La exposición razonada también hace referencia a que el empresario de la construcción podría haber favorecido a la hermana del entonces alcalde en la compraventa de una finca de una promoción suya.

Documentación incautada en el registro de Forum Filatélico

Según figura en el auto del Tribunal Supremo, estas sospechas vienen de documentación incautada por el juez Baltasar Garzón en el registro de la sede de Forum Filatélico en Madrid en 2006. El magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió en favor de la justicia canaria, y después de siete años de instrucción el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife ha elevado una exposición razonada para que sea el Tribunal Supremo quien se haga cargo del asunto por su condición de aforado.

Una "nota confidencial de pagos"

La hipótesis de los investigadores se centra en considerar al empresario como una figura que habitualmente se reunía con altos cargos del Ayuntamiento y realizaba "presiones" para favorecer sus intereses a cambio de comisiones. En esta documentación, según refleja el auto del Supremo, existían compromisos económicos de una empresa vinculada a Pérez Labajos que, entre otros, incluye una "aportación económica a la formación política que representa, unos 3.000.000 euros", referida al entonces alcalde. También figura incautado un organigrama con los nombres de las personas que intervienen de una forma u otra en estas operaciones o que interesan para su buen fin. Según esta documentación, el exalcalde era una persona que "nos interesa mantener".

Segunda causa abierta por presunta corrupción

Esta no es la primera causa que Zerolo tiene abierta en el Tribunal Supremo por delitos relacionados con la corrupción política y las irregularidades urbanísticas. El pasado mes de diciembre el alto tribunal daba por concluida la instrucción y se preparaba para abrir juicio contra Zerolo por un presunto delito de prevaricación cometido, supuestamente, al adjudicar sin concurso público las obras de acondicionamiento del IES Hermanos García Cabrera, de más de dos millones de euros. Entre los hechos que rodean esta adjudicación millonaria presuntamente irregular figura también cómo el entonces regidor hizo caso omiso de las quejas de la Intervención de Fondos contra el pago de las facturas. Esta primera causa está pendiente de apertura de juicio oral.