Las ONG denuncian que la reforma llevará a una "impunidad universal"
Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derecho Humanos y otras 16 organizaciones internacionales exigen que la reforma propuesta por el PP en materia de justicia universal sea rechazada
Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos y otras 16 organizaciones internacionales han mostrado su repulsa contra la proposición de ley del Partido Popular en materia de justicia universal, exigiendo a los legisladores que rechacen esta medida. Para estas organizaciones, la reforma llevaría a una situación de "impunidad universal", archivando gran número de causas judiciales abiertas y convirtiendo España en "puerto seguro para los criminales más graves".
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La preocupación por la reforma de la justicia universal propuesta por el grupo parlamentario popular se extiende a las principales ONG y colectivos de defensa de los derechos humanos. En varios comunicados, la Asociación Pro Derechos Humanos por un lado y Amnistía Internacional y otras 16 ONG por otro han querido mostrar su repulsa ante una posible reforma que, de aprobarse finalmente, crearía una situación de "impunidad universal" y convertiría nuestro país "en puerto seguro para los criminales más graves", señalando que sería una medida dirigida "encontra de la propia esencia" de la justicia universal.
En un comunicado firmado por Amnistía Internacional y otras 16 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre las que se encuentran Human Rights Watch o el Centro Europeo de los Derechos Humanos y Constitucionales, afirman que esta reforma "cerrará la puerta para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de acceder a los tribunales españoles para reclamar justicia. Unas víctimas que improbablemente puedan obtenerla de otra manera, especialmente, en sus propios países". Para estas 17 organizaciones, la aprobación de este proyecto de ley "supondría una violación de obligaciones internacionales y podría consagrar la impunidad de muchos responsables de graves crímenes".
España incumpliría sus obligaciones internacionales
Tanto en este comunicado como en el hecho público por la Asociación Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos se incide en la posible creación de un espacio de impunidad para los crímenes contra la humanidad: "Al ratificar los tratados internacionales anteriormente mencionados, España afirmó su compromiso de no convertirse en puerto seguro para los perpetradores de los lo crímenes más graves". Advierten que, de aprobarse el proyecto, España dejaría de cumplir con sus obligaciones internacionales. "La Jurisdicción universal no puede, pues, ser cercenada exigiendo, en contra de su propia esencia, la existencia de determinados requisitos o vínculos de conexión, como la nacionalidad de las víctimas, o que el presunto culpable sea español", aseguran los comunicados.
Critican también que la vía legislativa utilizada por el partido del gobierno para tramitar este proyecto de reforma haya sido la vía de urgencia: "Una vez más, se utiliza una técnica legislativa acelerada y dirigida a soslayar el conocimiento y el debate público", alegando también que de esta manera se evita la intervención del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
