Genocidio contra la Jurisdicción Universal

La Audiencia Nacional fue pionera en la aplicación de las leyes de Jurisdicción Universal y consiguió, entre otras, la detención del dictador chileno Augusto Pinochet o la condena de Adolfo Silingo, capitán de los vuelos de la muerte en Argentina.

La modificación que pretende aprobar el Gobierno a partir de este martes a través de la iniciativa de su grupo, el Partido Popular, (reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) va a limitar al mínimo la capacidad de los tribunales españoles para perseguir este tipo de delitos calificados de Lesa humanidad.

En la actualidad la Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación de once causas. La fiscalía se ha opuesto casi en todos los casos a que se investigaran y solo gracias a la perseverancia de las acusaciones particulares o populares y el apoyo de los familiares de las víctimas y las organizaciones se han mantenido abiertas aunque sin poca proyección de futuro.

Las limitaciones establecidas en la reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, que profundizan aún más la reforma de la jurisdicción universal de 2009, son las siguientes:

Si las víctimas fueran españolas o si existiera algún "vínculo de conexión relevante con España o fuera extranjero residente en España.

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Con respecto a la tortura y desaparición forzada, se requiere que el sospechoso sea un ciudadano español o que la víctima sea española en el momento en que se cometió el delito y que el sospechoso esté presente en España.

También establece que España también puede procesar los crímenes de derecho internacional en los que el sospechoso sea un extranjero en territorio español si su extradición hubiera sido denegada, si así lo impone un tratado vigente para España.

Y en todo caso, siempre y cuando en "otro país competente" o ante un tribunal internacional "no se haya iniciado un procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de los hechos".

Once causas de Lesa Humanidad:

Guantánamo (2009)

La querella está dirigida contra el ex Fiscal General de Estados Unidos, Alberto Gonzáles y otros cinco asesores jurídicos de la administración Bush por elaborar y crear un cuerpo normativo que permitió justificar e hizo posible la existencia jurídica de Guantánamo. El 17 de marzo de 2009 se presentó la querella por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado La Fiscalía se opuso a la admisión a trámite. El caso está paralizado a la espera de que Estados Unidos envíe documentación y conteste a la comisión rogatoria enviada por el juez Eloy Velasco.

Guantánamo por torturas

El Juzgado de Instrucción nº 5 abrió de oficio en abril de 2009 una investigación en contra de los posibles autores, colaboradores y cómplices de la tortura que denuncian haber sufrido los ciudadanos españoles Hamed Abderraman Ahmed, Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdulatif Al Banna y Omar Deghayes, durante el tiempo que estuvieron detenidos en la base naval de Guantánamo por el ejército norteamericano.

Caso El Salvador (2008)

En noviembre de 2008 se admito la querella contra el que fuera Presidente de la República de El Salvador Alfredo Cristiani y otros 14 antiguos oficiales y soldados del ejército Salvadoreño por crímenes de lesa humanidad y terrorismo en lo que se conoce como la "Masacre de los Jesuitas" cometida el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad en la que fueron asesinados varios sacerdotes, entre ellos, Ignacio Ellacuría.

Caso Gaza (2008)

En junio de 2008 se presentó querella contra el Ministro de Defensa israelí, Benjamín Be-Eliezer, y 6 personas del ejercito por un delito de Lesa Humanidad tras el ataque realizado por la aviación israelí que bombardeó en 2002 el barrio de Al Daraj (Gaza) para destruir la casa del presunto dirigente de Hamas, Sala Shehaden. El bombardeo causó la muerte de 15 personas, la mayoría niños, y 150 heridos. La querella fue admitida a trámite a pesar de que Israel aseguro que ya habían realizado una investigación sobre los hechos. La fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la apertura del caso que finalmente fue archivado, aunque está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo.

Caso campos de concentración nazis (2008)

En junio de 2008 se presentó ante la Audiencia Nacional una querella de varios supervivientes y familiares de víctimas españolas que fueron prisioneros de las tropas nazis en campos de concentración de Austria y Alemania. La querella denunciaba delitos de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura y de lesa humanidad cometidos por ex miembros de la SS Totenkopf . La Fiscalía apoyó la querella al considerarse acreditado que por los tres campos (Mauthaussen, Sachsenhausen y Flossenbürg) pasaron, al menos, 7.000 españoles republicanos y que estos prisioneros "fueron sometidos a programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista". El caso sigue abierto y hay tres guardias de las SS procesados.

Caso Sahara (2006)

Querella presentada y admitida a trámite en 2007 contra 13 personas (gobernantes, militares y otras autoridades marroquíes responsables del mantenimiento del orden en el territorio del Sahara Occidental) por un delito de genocidio, en concurso con asesinatos, lesiones y torturas, contra ciudadanos saharauis entre 1976 y 1988.

Caso Tíbet (2005)

El 28 de junio de 2005 se presentó la primera querella por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y delitos de lesa humanidad contra dirigentes del Partido Comunista Chino responsables de la represión contra el pueblo tibetano entre los años 80 y finales de los 90. En 2008, se presentó una solicitud para la ampliación de la querella por casos de torturas ocurridos en el período 1998-2003, así como nueva querella por los hechos ocurridos en Tíbet en marzo de 2008. Las investigaciones siguen abiertas pendientes de informes solicitados a China.

Caso Ruanda (2005)

En abril de 2005 se admitió a trámite la querella por las muertes de 9 ciudadanos españoles ( seis religiosos y tres cooperantes) asesinados entre 1994 y 2000 en Ruanda. En 2008 el juez instructor dictó un auto de procesamiento contra 40 altos cargos del Frente Patriótico Ruandés (FPR) por la comisión de delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y terrorismo a lo largo de los años 90 hasta 2002 en Ruanda y República Democrática del Congo. Se ordenaron órdenes internacionales de busca y captura e ingreso en prisión.

Caso Falun Gong (2003)

En octubre de 2003, quince víctimas interpusieron una querella criminal contra miembros del Partido Comunista Chino (el ex presidente Jiang Zemin y los miembros del partido Luo Gan, Jia Qinglin y Wu Guanzheng) por las torturas, persecución y genocidio cometidos en China desde el año 1990 contra practicantes de la enseñanza religiosa Falun Gong. El Ministerio Fiscal se opuso a todas ellas.

Caso Couso (2003)

En 2003 la familia de José Couso, muerto en el ataque al Hotel Palestina en Irak por parte de fuerzas norteamericanas, presentó una querella al amparo de IV Convenio de Ginebra contra los militares norteamericanos implicados en su muerte. El juez Santiago Pedraz dictó orden de busca y captura internacional contra tres militares norteamericanos. La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el archivo del caso en en julio de 2009 con el argumento de que se "no hubo intencionalidad al tratarse de una acto de guerra".

En 2007, el juez instructor dictó auto de procesamiento contra los 3 militares estadounidense (Thomas Gibson, Philip Wolford, y Philip de Camp) implicados en los disparos contra el Hotel en el que se encontraba Couso. Pese a los esfuerzos del juez instructor quien siguió adelante con la investigación, , la Audiencia Nacional ha archivado el caso, basándose en las tesis exculpatorias utilizadas por la Sala Segunda en 2008. El archivo de la causa ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo y se encuentra pendiente de resolución.

Caso Guatemala (1999)

El caso encontró la oposición tanto de Fiscalía como de los jueces y tribunales españoles. Sin embargo, en el año 2005 el Tribunal Constitucional reconoció el principio de jurisdicción universal, anulando las resoluciones de las instancias anteriores y ordenando a la Audiencia Nacional retomar la investigación. El juez instructor dicto órdenes de busca y captura internacional contra mandatarios guatemaltecos Efraín Ríos Montt y Carlos Mejía de Ríos Montt y otros siete imputados por delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato y detención ilegal cometidos entre los 1978 y 1986, durante el conflicto armado en el que más de 250.000 víctimas perdieron la vida en ese país.