La empresa ESABE consiguió subvenciones públicas por cursos fantasma

La Cadena SER ha tenido acceso al sumario del caso ESABE, que investiga a la cúpula directiva de esta empresa de seguridad y limpieza por delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. La policía y los investigadores realizan una pormenorizada descripción de cómo la empresa utilizaba sellos falsificados de organismos oficiales y empresas privadas para obtener contratos públicos y subvenciones por cursos de formación que nunca se llegaban a celebrar. Los investigadores hablan de un fraude "incalculable" añadiendo las deudas con la Seguridad Social y los pagos en 'B' de la empresa por cantidades millonarias.

La Cadena SER ha tenido acceso al sumario del caso ESABE, la investigación judicial seguida contra los directivos de esta empresa de seguridad y limpieza por presuntos delitos contra la seguridad social. En sus miles de páginas, los investigadores de la policía y del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid desgajan un "laberinto empresarial creado para defraudar", exponen cómo la empresa acumuló durante años deudas millonarias con la Seguridad Social, y también cómo se las pudo ingeniar para seguir obteniendo contratos igualmente millonarios con las administraciones públicas españolas. La investigación de una trama empresarial de pagos en 'B', de un coste económico "incalculable" siempre presidida por la figura de Juan José Prados del Pino, presidente de ESABE, considerado "patriarca" del grupo empresarial y en paradero desconocido desde hace más de un año.

Una hasta ahora desconocida línea de investigación del Grupo Operativo de Fraudes de la policía, según el sumario del caso en el que el sindicato USO ejerce la acusación popular, apunta a que las empresas del grupo ESABE pudieron estar cobrando dinero público durante años por unos cursos de formación que, en realidad, nunca se habrían llegado a celebrar, y que están subvencionados a las empresas por organismos nacionales e internacionales como la Fundación Tripartita para el Empleo (FORCEM). En su declaración ante la policía, la que fuera auxiliar administrativa del departamento de formación de ESABE reconoce estos hechos, señalando que era ella misma por órdenes superiores quien sellaba los ficheros de asistencia a los cursos cuando no se habían producido, y cifrando aproximadamente las subvenciones cobradas así en torno a un millón de euros entre 2007 y 2010.

Una teoría que sustentan los investigadores de la Seguridad Social: "Se detectó un considerable fraude al FORCEM ya que durante años recibieron cantidades por la impartición de formación de cursos que nunca se llegaron a realizar". También se apoya en las declaraciones y denuncias de varios trabajadores, que incluso han llegado a aportar a la causa las fichas diarias de trabajo correspondientes a los mismos días en que, según la empresa, estaban asistiendo a un curso de reciclaje o de manejo de escáner. Según testimonios que obran en el sumario, a veces incluso la empresa habría obligado a los trabajadores a estampar su firma en los diplomas de estos cursos nada más ser contratados.

Sellos de administraciones públicas para falsificar documentos oficiales

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Sus propios sellos no eran los únicos que utilizaban de forma supuestamente fraudulenta. Según figura en el sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER, los directivos de ESABE habrían tenido en su poder una serie de sellos falsificados de administraciones públicas y empresas privadas con los que falsificar documentos oficiales y poder de esta manera ir maquillando sus deudas con la Seguridad Social y poder así presentarse a concursos públicos. El sumario del caso revela que, a lo largo de los últimos años, la empresa ha sido "cazada" en algunas de estas falsificaciones, como en la que pudo cometerse para intentar engañar a la Junta de Andalucía en el concurso público del servicio de seguridad del complejo administrativo Almanjáyar de Granada, en la pugna por el servicio de seguridad del museo Guggenheim de Bilbao o incluso un Certificado de Situación de Cotización para ocultar sus deudas y acceder a cuentas bancarias embargadas en un banco de Ciudad Real. Para los investigadores de la policía, no es descabellado pensar que esto pudiera haberse producido en numerosas licitaciones públicas en 2010 y 2011.

Varios de estos sellos fueron incautados hace un año durante los registros a las sedes de la empresa en Madrid, pero fue hace una semana cuando esta vertiente del caso adquirió más fuerza: un imputado, enemistado con Juan José Prados del Pino según fuentes cercanas al caso, entregó de forma voluntaria casi 200 sellos de caucho, plantillas y pegatinas tanto de organismos oficiales como de empresas privadas. Sellos de la dirección provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Ayuntamiento de Badalona, del registro de facturas y la dirección económica de la Consellería de Sanidad en el Hospital de la Fe en Valencia o incluso de varias subdirecciones de ministerios como el de Justicia o el de Fomento. Y no sólo sellos de organismos oficiales: también de entes privados como bancos, gasolineras, restaurantes, tintorerías o incluso una tienda 'todo a cien' del barrio madrileño de Suanzes. Sellos utilizados, siempre según los investigadores, para falsificar documentos públicos.

Una "familia mafiosa" y un daño económico "incalculable"

A los investigadores no les salen los números a la hora de calcular los números rojos de este caso. Según figura en el sumario, las deudas de ESABE con la Seguridad Social superan holgadamente los 30 millones de euros, a lo que hay que añadir todo el dinero presuntamente pagado en negro, sin cotizar, a los trabajadores, una cantidad mensual de medio millón de euros calculada por la policía, que resume todo el supuesto fraude en una palabra: "Incalculable".

Un agujero económico que, según detalla el sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER, es herencia de años de una telaraña de más de diez empresas opacas, llenas de "hombres de paja" o testaferros, y de cómo los millones de euros viajaban de una entidad a otra hasta llegar a manos de Juan José Prados del Pino, el considerado como "ideólogo" del "chiringuito", y su familia. Para los investigadores, nos encontramos ante una estructura de "familia mafiosa", una "telaraña empresarial de ingeniería financiera creada por la familia Prados por y para delinquir, para dar cobertura a diversos ilícitos penales y ocultar los fraudes de ley realizados para esquivar las sanciones que les han sido impuestas". El sumario describe pormenorizadamente algunas de estas actividades.

"No existía ánimo de ponerse al corriente de pago con las administraciones"

Para los investigadores, el cúmulo de presuntas irregularidades cometidas por este grupo empresarial habría permitido a ESABE estar a la cabeza de los concursos públicos. Según la policía, el gran objetivo del grupo ESABE, compuesto por más de diez empresas más o menos vinculadas a Prados del Pino, era ocultar sus millonarias deudas con la Seguridad Social para poder seguir obteniendo contratos públicos. Esto se conseguía de varias maneras, según el sumario: o bien se solicitaba una renegociación de la deuda para tener "certificados de cotización limpios con los que cotizar", ya que "no existía en ningún momento ánimo de ponerse al corriente de pago con las administraciones", o bien entraba en juego una empresa aparentemente limpia pero controlada igualmente por ESABE. La finalidad era tener el expediente limpio, algo que se consiguió en todas las ocasiones: destaca el sumario que en julio de 2001 el Ministerio de Hacienda sancionó a la entonces conocida como 'ESAVE', quedando prohibida toda contratación con esta empresa durante los próximos cinco años: Prados del Pino moviliza a sus testaferros y crea otra empresa, 'Bubos Securitas', futura 'ESABE', y dos meses después de ser sancionado se hace con el servicio de seguridad del Centro Nacional de Información Geográfica.

Otra línea de investigación, la del delito contra los derechos de los trabajadores, estudia los posibles pagos en negro: la policía calcula que un 20% del sueldo de los trabajadores se pagaba en nómina y el resto en dinero negro, sin cotizar, a través de horas extra o kilometraje. Una práctica que, según varios testimonios de trabajadores de ESABE contenidos en el sumario, venía impuesta desde el mismo momento de firmar el contrato.

Baja temeraria para conseguir contratos públicos

¿Y cómo conseguía entonces tantos contratos con la administración pública? Durante años, ESABE fue una de las principales empresas del sector de la seguridad privada en España, de las mayores contratistas de nuestro país. Según los investigadores, además de las posibles falsificaciones a las que se apuntan, el complejo empresarial de Prados del Pino habría ofrecido sus proyectos en lo que se denomina "baja temeraria", ofreciendo el menor número de recursos posibles para presentarse a los concursos públicos, incluso dando de alta trabajadores que luego serían dados de baja una vez ganada la licitación.

La conjunción de todas estas artimañas supuestamente ilegales es la única explicación que los investigadores encuentran a que las empresas del grupo ESABE hayan sobrevivido tantos años en la cresta de la ola: "Si las empresas cuentan con no ingresar las cuotas sociales, con pagar en 'b' las horas extras, con realizar contratos por horas muy inferiores a las que realmente se realizan, con embolsarse dinero de cursos no realizados pero subvencionados, con no tributar los impuestos de sociedades e IVA... nos encontramos con las razones reales por las que pueden presentar a los concursos ofertas muy inferiores a las de la competencia". El resultado ha sido, finalmente, que ESABE se ha quedado sin dinero para pagar las nóminas de sus trabajadores por haber sido paulatinamente apartado de los concursos públicos.

Varios frentes judiciales abiertos

En estos momentos, según han informado fuentes jurídicas a la Cadena SER, el caso se encuentra a la espera de resolver todos los recursos interpuestos por las defensas de los diez imputados, pero sobre todo a la espera de que aparezcan los principales imputados: Juan José Prados del Pino y su esposa. Informaciones contenidas en el sumario le sitúan cerca de Lisboa, mientras que fuentes cercanas al caso también le ubican dentro de nuestras fronteras, aunque fuera del alcance de la justicia. Sobre él pesa una orden de detención aplicable al espacio internacional Schengen que abarca la mayoría de países de la Unión Europea.

El caso ESABE no es, en realidad, un solo caso, ni se desarrolla en un único juzgado. Al margen de las incontables sentencias que han dado la razón a los trabajadores frente a este grupo empresarial, son varios procesos judiciales los que se desarrollan en varias provincias españolas: además de esta causa central, al menos otros cuatro juzgados madrileños persiguen las actividades presuntamente ilícitas de ESABE, cada uno por diferentes delitos. Uno de ellos investiga precisamente los delitos contra la Hacienda Pública que pudiera haber cometido, presuntas irregularidades que la policía cifraba en más de 50 millones de euros, al margen de sus deudas con la Seguridad Social. Otro, posible revelación de secretos y detención ilegal durante la operación policial. En varias ocasiones, la jueza que instruye la causa principal ha recordado que sólo investiga posibles delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, y de insolvencia punible. Además, Juan José Prados del Pino también es requerido de forma oficial por un juzgado de instrucción de Valencia y otro penal de Barcelona.