La Audiencia Nacional admite investigar a ETA por delitos de genocidio

Madrid

El juez Gómez Bermúdez ordena a las fuerzas de Seguridad del Estado la elaboración de informes detallados sobre los fines perseguidos por ETA desde su constitución hasta hoy y sobre los integrantes de sus sucesivas cúpulas

La denuncia parte de la familia de una víctima de uno de los 326 asesinatos cometidos por la banda terrorista que se declararon prescritos, por falta de autor conocido. El juez Gómez Bermúdez será el encargado de la investigación en la que por primera vez se reconoce la competencia de la Audiencia Nacional para investigar actos de genocidio cometidos en España.

El juez ha ordenado ya a la policía, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza un informe pericial de análisis de información sobre los fines perseguidos por ETA desde su constitución hasta hoy y sobre los integrantes de sus sucesivas cúpulas.

Los magistrados dicen que la denuncia presentada por los familiares de una víctima de ETA cuya identidad permanece oculta por petición de sus parientes, debe ser investigada para esclarecer si los dirigentes de la organización entre los años 1977 y 1983 cometieron el delito de Genocidio al ordenar los asesinatos.

La denuncia señala a cinco históricos dirigentes de la banda terrorista: Juan Lorenzo Lasa, Eugenio Echebeste, José Luis Ansola Larrañaga, Francisco Múgica Garmendia y José Antonio Urruticoechea, como presuntos autores materiales del delito. Los cinco componían el máximo órgano de dirección y dirigían la actividad criminal y el dominio de la organización al menos entre septiembre de 1977 y 1983. Con esta decisión se abriría la puerta a eliminar la prescripción de los crímenes cometidos por ETA desde 1977.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia declara así la competencia de los juzgados de instrucción de la Audiencia para investigar actos de genocidio cometidos en España por la banda terrorista. Una decisión que contrasta con la negativa de la misma audiencia a investigar delitos de lesa Humanidad denunciados por Garzón por los crímenes del franquismo, por la aplicación de la ley de amnistía de 1977.

La querella, de más de 1.200 páginas, fue presentada bajo la dirección letrada de Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho Penal Internacional, quien también ha tenido el apoyo de la asociación Dignidad y Justicia. Los querellantes han pedido que se decrete el secreto de las actuaciones.