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Lunes, 14 de Octubre de 2019

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Gallardón amplía la justicia gratuita para contrarrestar las tasas

El Gobierno aprueba la ampliación a los beneficiarios de la justicia gratuita, incluyendo entre otros víctimas del terrorismo, de violencia de género, de trata de seres humanos y menores víctimas de maltrato

El Gobierno ha aprobado un proyecto en el que amplía el alcance de la justicia gratuita de nuestro país, en palabras del ministro Ruiz-Gallardón, "para que nadie se quede fuera de los tribunales", añadiendo que esta ley es "la otra cara de la moneda" de las tasas judiciales. Entre los nuevos supuestos se incluyen las víctimas de terrorismo, de violencia de género, de trata de seres humanos, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos y víctimas de accidentes con secuelas permanentes.

El Gobierno ha ampliado la Ley de Justicia Gratuita, que contrarresta a las tasas judiciales. Una modificación aprobada este viernes que aumenta el número de supuestos que podrán acogerse a la justicia gratuita, para que en palabras del ministro Alberto Ruiz-Gallardón "nadie se quede fuera de los tribunales" por falta de recursos.

Entre los nuevos supuestos está el de las víctimas del terrorismo, de violencia de género, de trata de seres humanos, los menores y los que sufran discapacidades psíquicas víctimas de abusos y las víctimas de accidentes con secuelas permanentes en procesos de reclamación. De la misma manera, el paraguas de la justicia gratuita acogerá a asociaciones de víctimas del terorrismo, organizaciones de personas con discapacidad, Cruz Roja y sindicatos, representantes de consumidores además de entidades de la Seguridad Social y el Servicio de Empleo.

De la misma manera, el umbral mínimo para acceder a la justicia gratuita se flexibiliza: pasa de ser dos veces el salario mínimo interprofesional anual (caso 15.000 euros) a 2.5 veces el IPREM (más de 19.000 euros). Aquí se establecerán excepciones para circunstancias especiale de salud o de discapacidad límite. También permite, entre nuevas exenciones, que los beneficiarios digan qué prestaciones desean obtener, estableciendo en tres veces en un año el número máximo de veces que se puede acoger un ciudadano a la justicia gratuita para evitar el "abuso de derecho".

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