El juez Castro pide información sobre ocho cuentas vinculadas a Urdangarin

El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha solicitado información de los movimientos bancarios registrados del 1 de julio de 2008 al mismo día de 2010 en hasta ocho cuentas bancarias titularidad de Iñaki Urdangarin, cuatro de ellas compartidas con la infanta Cristina y una última con el padre del duque de Palma, ya fallecido, tal y como consta en la providencia dictada este viernes por el magistrado.

Mediante la resolución judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha oficiado en concreto a Banco Santander, Privat Bank Degroof, Caja Araba Eta Gazteiko Aurreski, Caixabank, y Citibank España a fin de que estas entidades remitan los extractos de los datos solicitados.

La solicitud se produce tres semanas después de que la infanta prestase declaración como imputada en el marco del caso Nóos. Cuatro días después, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, solicitaba la imputación de Urdangarin por un delito de blanqueo de capitales, así como la de su exsocio Diego Torres y la de la mujer de éste, Ana María Tejeiro. El juez dio diez días a las partes para que se pronunciaran sobre esta petición.

Precisamente, sobre una de las anteriores cuentas el juez ya solicitó información antes de imputar a la hija del Rey por presunto delito fiscal y de blanqueo. Según reflejaban estos datos, Urdangarin destinó, el 27 de diciembre de 2006, un total de 150.000 euros a una ampliación de capital después de que ese mismo día fuese transferida esta cantidad desde una cuenta de Aizoon a otra cuenta de ahorro de su titularidad y en la que tenía firma autorizada la infanta.

De acuerdo a los datos que entonces aportó La Caixa, desde una cuenta de Aizoon, empresa propiedad de los Duques que recibió ingentes cantidades del entramado Nóos -abastecido a su vez con los fondos públicos percibidos de forma presuntamente irregular de Baleares y la Comunidad Valenciana-, fueron traspasados hasta un total de 150.000 euros una cuenta bancaria del matrimonio desde la que, esa misma jornada, fue transferido el dinero para destinarlo a la ampliación de fondos.

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A lo largo de los ocho meses previos al segundo encausamiento de la infanta, el magistrado impulsó una intensa investigación que conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la duquesa, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares. Sin embargo, hasta el momento la AEAT ha desvinculado a la Infanta de presuntos fraudes a nivel fiscal y de blanqueo, lo que no ha evitado que el juez Castro quiera llegar al fondo del asunto con la nueva imputación de la hija del rey.

Pese a que las pesquisas de la causa dieron sus primeros pasos a principios de 2010, fue en noviembre de 2011 cuando estallaron definitivamente con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas. El hecho de que la hija del rey figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por Torres.