Los grupos del Congreso critican la invitación española a Obiang en Bruselas
El Instituto Cervantes y la UNED han invitado al presidente de Guinea Ecuatorial, el dictador Teodoro Obiang, para dar dos conferencias
"A los dictadores hay que tratarlos como tal y no darles facilidades", ha dicho el portavoz adjunto del Partido Popular, Antonio Hernando. El dictador Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, ha sido invitado por el Instituto Cervantes y por la UNED a dar dos conferencias en abril.
Diputados de todos los grupos del Congreso han criticado este jueves que las delegaciones del Instituto Cervantes y de la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED) en Bruselas hayan programado, según El País, conferencias del presidente de Guinea Ecuatorial, el dictador Teodoro Obiang, para principios de abril.
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El portavoz adjunto del PP, Antonio Hernando, ha dicho que le "parece mal" que se invite a un dictador a dar conferencias, porque "a los dictadores hay que tratarlos como tal y no darles facilidades", y ha hecho hincapié en que esos criterios "deben ser los mismos siempre y para todos los dictadores".
Al conocer la noticia, los grupos de la oposición se han apresurado a registrar iniciativas para pedir explicaciones al Gobierno e instarle a retirar la invitación, entre ellos el PSOE. "Vamos a pedir al Gobierno que explique esta invitación, que no cabe, y que hay que condenar y rechazar, y que explique si se lleva a cabo con fondos públicos", ha dicho en los pasillos del Parlamento español el portavoz socialista en la comisión mixta para la Unión Europea, Juan Moscoso.
Tras manifestar su "estupor" por el asunto, Moscoso ha recordado que la UNED, que era la única universidad que enseñaba castellano en Guinea Ecuatorial, se ha visto obligada a cerrar sus centros en ese país tras haber "recortado a cero" su financiación el Gobierno del PP hace dos años, y ha responsabilizado al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, el "paladín" de la marca España.
Otros diputados del PSOE se han mostrado en contra de la invitación a Obiang, como el exministro Jesús Caldera, que ha dicho que no le parece "adecuado", mientras que el secretario general del grupo parlamentario, Eduardo Madina, se ha mostrado más tibio: "hay mejores invitados para el Instituto Cervantes y para estas cosas, ellos verán", ha señalado.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida ha explicado que, por ser el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, no se iba a "meter con la política del exteriores del Gobierno", pero ha apuntado que Obiang no figura en la lista de sus "fans internacionales".
"Respetar los derechos humanos"
Cayo Lara, líder de IU, ha señalado que se deberían de preservar desde el punto de vista democrático determinadas instituciones para que algunos personajes "no tengan alfombra roja, amarilla ni azul ni de ningún tipo", y ha añadido que esos "personajes" deberían ponerse en una "posición de más respeto a los derechos humanos e incluso algunos a disposición de la justicia".
Para el también diputado de IU Gaspar Llamazares la actuación del Gobierno está "mal", dado que en la legislatura pasada se llegó a la conclusión -ha dicho- de que no era bueno tener relaciones con el régimen de Obiang, al que se ha referido como una "dictadura cleptómana".
Joan Coscubiela (ICV) ha aseverado que es una "vergüenza" que responde a una actitud "bastante generalizada del Gobierno español de connivencia con los dictadores" y que, a su juicio, pone también de manifiesto que el concepto de soberanía y dignidad nacional que tiene el PP es "muy cambiable".
También ha hablado de "vergüenza insostenible" la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que ha exigido una "rectificación" tras registrar una pregunta escrita al Gobierno para pedirle explicaciones e instarle a retirar la invitación al dictador.
Alfred Bosch (ERC) ha defendido que es una "norma universal" que "no se invierte dinero en las dictaduras ni se invita a dictadores a dar conferencias sobre lengua y cultura", mientras que Rafael Larreina (Amaiur) ha presentado una batería de preguntas al respecto, entre ellas cuál es el coste de dichas conferencias y si el Gobierno va a exigir responsabilidades.