El Poder Judicial estudia el informe que tacha de inconstitucional la 'Ley Fernández'

El informe sobre el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana ya está concluido y repartido a los vocales del Poder Judicial para que lo examinen en el pleno del próximo jueves. El texto tacha de inconstitucional la llamada Ley Fernández porque sobrepasa los límites del concepto de seguridad ciudadana marcados por el Tribunal Constitucional.

Más información

• La propuesta del Poder Judicial tacha de inconstitucional la ley de seguridad ciudadana
• Pasan a disposición judicial los 24 detenidos en las 'Marchas de la Dignidad'
• Los antidisturbios culpan a los mandos de no dar órdenes "in situ"
• La Policía investigará el dispositivo de antidisturbios del 22-M tras los graves altercados
• Imputado uno de los arrestados del 22-M por intento de homicidio
• José Sacristán, en 'Hoy por hoy'
• "Para el Gobierno el que protesta es el enemigo"

El informe que se votará en el pleno del próximo jueves y que ya les contó la Cadena SER considera que los motivos por los que el proyecto de ley habilita la intervención policial "resultan excesivamente amplios y recomienda su modificación para adecuarlo a los límites constitucionales del principio de seguridad ciudadana". Un varapalo en toda regla a la ley Fernández.

El texto que firman los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto también cree que el deber de denuncia es excesivamente amplio y recomienda que se ciña a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad.

Ambos vocales recurren en numerosas ocasiones a la posibilidad de que el articulado del proyecto de ley choque con la Constitución Española. Otro ejemplo es el que faculta a la policía a requerir la identificación a los ciudadanos y a retenerlos en el caso de que no sea posible identificarles en ese momento sin que sea necesario informarles de los motivos por los que se adopta esta medida ni del tiempo que durará la retención.

El informe considera contrario a la Constitución establecer controles policiales en lugares públicos para identificar y detener a personas que hayan cometido una infracción porque se reconocería de esta forma la posibilidad de detener a una persona por faltas penales o infracciones administrativas y rechaza que miembros de seguridad privada puedan colaborar en la disolución de manifestaciones y reuniones.

Lorenzo Silva: "Les llamaban "cómplices de los represores" por no dejarles morir"