Domingo, 18 de Abril de 2021

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La OIT reprocha al Gobierno que no negociara la reforma laboral

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo dice también que aspectos de esa norma debilitan la libertad sindical

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha publicado un informe en el que critica la manera en que el Gobierno acometió la reforma laboral de comienzos de 2012, así como el decreto de julio de ese año que, entre otras cosas, eliminó la paga extra de Navidad para los empleados públicos. El organismo internacional entiende que el Gobierno no negoció con los agentes sociales, no respetó los acuerdos alcanzados antes entre empresarios y sindicatos, que algunas de las disposiciones de la reforma debilitan la negociación colectiva y merman la libertad sindical e invita al Ejecutivo a negociar sobre esa norma con patronales y representantes de los trabajadores. El informe no tiene consecuencias prácticas para el Gobierno (es decir, no le obliga a nada), más allá del revés que suponen las críticas de una organización internacional a su comportamiento.

El informe es consecuencia de la queja ante la OIT contra la reforma que pusieron en 2012 Comisiones Obreras, UGT y otras organizaciones sindicales. El texto examina lo alegado por los querellantes y las explicaciones del Gobierno, y sus conclusiones son negativas para este último, en tres frentes: no negociar con los agentes sociales, no respetar los acuerdos previos y minorar la libertad sindical. Así, el Comité "constata que en el proceso de elaboración [de la reforma laboral], las organizaciones sindicales más representativas no fueron consultadas sobre el texto", por lo que recuerda al Gobierno "la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista, y discutirlos en profundidad". Por eso "El Comité espera firmemente que en adelante se respeten plenamente estos principios en materia de consultas".

El Comité también lamenta que la reforma laboral aprobada en febrero de 2012 alterase los contenidos del acuerdo alcanzado poco antes (el 25 de enero) por sindicatos y empresarios sobre mercado laboral, y "recuerda el principio de que el respeto mutuo de los compromisos asumidos en los acuerdos colectivos es un elemento importante del derecho de negociación colectiva y debería ser salvaguardado para establecer relaciones laborales sobre una base sólida y estable". Y el Comité entra también en el contenido de la reforma, al afirmar que "la elaboración de procedimientos que favorecen de manera sistemática la negociación descentralizada de disposiciones derogatorias menos favorables que las disposiciones de nivel superior puede desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación colectiva [...] y debilita la libertad sindical y la negociación colectiva en violación de los principios consagrados en los Convenios núms. 87 y 98 [de la OIT]".

Para los sindicatos, una victoria

UGT y CCOO han celebrado el informe del Comité que, aunque no obliga a nada al Gobierno, le emplaza a que "promueva un diálogo tripartito" sobre la reforma laboral y le recuerda "la importancia de que las reglas esenciales del sistema de relaciones laborales [...] sean compartidas en la mayor medida de lo posible por las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas". "El Gobierno debería reconsiderar su reforma", dice Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT, "y sobre todo sacar una enseñanza: que por la vía de la imposición no se avanza hacia soluciones que sean efectivas". "El informe viene a darnos la razón contra el decreto de reforma laboral", apunta Ramón Górriz, Secretario de Acción Sindical de CCOO, que añade: "el Gobierno debería razonar y debería derogar los aspectos que plantea el Comité de Libertad Sindical".

Fuentes del ministerio de Empleo, por su parte, dicen que están en desacuerdo con las valoraciones del informe y sostienen que ha habido diálogo social y que lo sigue habiendo; como ejemplo, señalan a la reciente reunión entre Gobierno y líderes sindicales y empresariales en La Moncloa.

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