Domingo, 26 de Junio de 2022

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Los abogados españoles cargan contra las leyes de Justicia e Interior

Los abogados de Madrid, Barcelona y Málaga cargan contra las reformas de la justicia gratuita y las leyes de seguridad ciudadana

Representantes de los abogados españoles han criticado abiertamente las principales reformas legislativas impulsadas desde el ejecutivo, considerando que afectan a los derechos de los ciudadanos y también a las condiciones laborales. Los decanos de los colegios de abogados de Madrid, Barcelona y Málaga han cargado contra las tasas judiciales, la ley de justicia gratuita, la de servicios y colegios profesionales y el proyecto de ley de seguridad ciudadana.

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Los abogados españoles cargan contra algunas de las principales reformas impulsadas por el ejecutivo en los últimos meses. En una rueda de prensa ofrecida en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, los decanos de los colegios de Madrid, Barcelona y Málaga han criticado abiertamente varias de las leyes y proyectos de reforma salidos del Ministerio de Justicia y el de Interior: las tasas judiciales, el proyecto de ley de justicia gratuita, la ley de servicios y colegios profesionales así como la futura ley de seguridad ciudadana. Anuncian, eso sí, que por el momento no se plantean convocar una huelga ya que están "en contacto y conversación" con el Ministerio de Justicia: "Es muy pronto para hacer pronósticos".

Para la decana de Madrid, Sonia Gumpert, la combinación de todas estas leyes añade "muchas dificultades al acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y suponen un recorte en los derechos fundamentales". En esos mismos términos se ha expresado el decano de Barcelona, Oriol Rusca: "Podríamos estar haciendo leyes del siglo veintiuno y en cambio las estamos haciendo de finales del dieciocho, en el Estado hay tres poderes y el judicial es el que molesta".

Sobre el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, pendiente todavía de posibles cambios tras un demoledor informe del Poder Judicial, el decano de Barcelona ha señalado que "sólo pretende atacar las consecuencias, que la gente esté calladita y en casa, pero en ningún momento hay una autocrítica de la gestión que se hace", añadiendo Gumpert que "escapa al control judicial y entra en el terreno de las tasas y al final te sale más caro el collar que el perro y tampoco recurres". Una opinión que comparte el decano de Málaga, Francisco Javier Lara: "se despenalizan las faltas, se pasa todo a la jurisdicción contenciosa, vienen las tasas y el ciudadano no puede recurrir y se produce un doble efecto: el que quiera recurrir, recaudamos, y disuadimos y cobramos también, pudiendo dar lugar a que la administración sancione arbitrariamente".

Una justicia gratuita que "sospecha de los ciudadanos"

El proyecto de modificación de la Ley de Justicia Gratuita ha sido el centro de la crítica por parte de los abogados este martes. Para la decana de Madrid, Sonia Gumpert, es una ley que "parte la sospecha de abuso y engaño hacia los ciudadanos", criticando además que "no está garantizada la financiación de la justicia gratuita, que sigue vinculada a las tasas judiciales cuando es notorio y sabido que lo recaudado no se ha destinado a garantizar la defensa de los derechos fundamentales". Para el decano de Málaga y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo de la Abogacía Española, Francisco Javier Lara, "no se garantiza el cobro de los honorarios y es un servicio público, la Administración debería asumir el coste, y de ninguna manera puede ser una subvención, debe estar en los Presupuestos Generales del Estado".

Protestan por la situación de los abogados

En esta línea se han pronunciado los tres decanos, criticando que el efecto de estas leyes es empeorar la situación de los abogados, especialmente los del turno de oficio, y, en consecuencia, "el derecho de tutela judicial efectiva de los ciudadanos". También critican que se contemple un registro con información sobre cada abogado y procurador que refleje los resultados "positivos" de los casos que llevan: "¿Qué es favorable? Si le toca pagar al Estado pero la sentencia es justa, ¿se sancionará al abogado?".

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