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"Montoro y el Gobierno querían perdonar la deuda a Cémex"

El portavoz socialista en el Congreso, Pedro Saura, que interpeló a Montoro por el asunto Cémex en varias ocasiones, celebra la notificación de la multa a la multinacional porque despeja las dudas del éxito de la injerencia política y económica. La sanción costó el puesto a una inspectora y abrió una crisis sin precedentes en la Agencia Tributaria

Cémex podría tardar hasta 7 años en pagar la multa en caso de perder los recursos correspondientes. Tanto el Tribunal Económico-Administrativo de Hacienda como el recurso contencioso administrativo puede alargarse de 5 a 7 años hasta confirmar o condonar la sanción, según Gestha

l caso más polémico de Hacienda, la sanción a una multinacional que ha costado el puesto a un equipo de funcionarios de la cúpula de la administración, se ha saldado finalmente con la multa millonaria de 455 millones de euros a la filial Cémex España por falsear pérdidas en los ejercicios de 2006 a 2009.

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No hay nada nuevo, excepto la notificación oficial de las autoridades españolas a la cementera y el comunicado de la compañía a la bolsa de valores de México informando de la cuantía y sus posibles consecuencias. Pero quienes denunciaron al ministro Cristóbal Montoro por no frenar la sangría de dimisiones que supuso la tramitación del expediente lo celebran como el resultado de haber conseguido frenar una injerencia política y económica en la delegación de Grandes Contribuyentes.

Según Pedro Saura, portavoz del grupo socialista de Economía y Hacienda "Montoro, el Gobierno y la dirección política de la Agencia Tributaria querían perdonar la deuda. Ha sido la presión de la opinión pública y la exigencia reclamada desde el Parlamento quienes han conseguido que al final hayan tenido que poner la multa". El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a calificar de falsas las informaciones sobre la multinacional mexicana y la Agencia Tributaria en sede parlamentaria. Y fue más lejos; insinuó que el medio que destapó el caso lo hizo como forma de presión a Hacienda por tener retrasos en el pago de impuestos. Dichas informaciones fueron publicadas por la Cadena SER y el diario El País.

El colectivo de los técnicos de Hacienda (Gestha), lamenta el agujero de ceses y destituciones encubiertas que supuso el caso. Para su portavoz, José María Mollinedo, la multa "es la conclusión de lo que sucedió. Cuando no anulan la sanción sino que la confirman provocan una cadena de ceses, esto confirma que no fue anulada y hablábamos de una cifra significativa".

Con motivo del expediente sancionador, cesaron a la inspectora responsable de tramitarlo; al jefe del departamento, Ignacio de Ucelay -nombrado por el director Santiago Menéndez- y al número dos de la Agencia Tributaria, Luis Jones. "Nos parecía insólito que pudiera existir una sospecha de injerencia política o económica que ha acabado con los ceses de tres funcionarios tan significativos como el director de la inspectora de la Agencia y Luis Jones. En su caso, el cese vino motivado porque propuso una terna de sustitutos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. El director Santiago Menéndez no los aceptó. Quería personas que se sometieran a su criterio. Es cuando proponen a Luis Jones que dimita si no quiere ser cesado" recuerda Mollinedo.

Según el portavoz de los técnicos, 455 millones de euros "para la cifra de facturación de Cémex no es más que el 10% de las bases imponibles negativas, las pérdidas fiscales que contabilizaron con anterioridad. Es el 10% de sanción de lo que acreditaron indebidamente, una cantidad poco significativa para el volumen de negocio de la multinacional".

Cémex puede recurrir la multa al Tribunal Económico-Administrativo, órgano que depende de Hacienda, que estima una media del 40% de las reclamaciones, y ante un tribunal ordinario de Justicia. Como todas las sanciones tiene dos ventajas, dice Mollinedo. "Al no ser ejecutiva, no tienen que pagar hasta que no sea firme. En vía judicial, la empresa tiene que solicitar la suspensión del pago al juez de lo contencioso administrativo, o normal es que lo acuerde" apunta. Un trámite que suele tardar de 5 a 7 años. En su comunicado a la bolsa de valores de México, Cémex ha anunciado la intención de recurrir la sanción impuesta por las autoridades españolas.

 
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