Al menos 400 personas han tenido problemas para recibir atención sanitaria pública

Valencia

Médicos del Mundo ha elaborado un informe, "Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo", presentado este lunes con motivo del Día Internacional de la Salud, en el que concluyen que el desarrollo del Real Decreto-Ley 16/2012 hace más profundas las desigualdades en salud

En la Comunitat Valenciana se han producido, al menos, 429 notificaciones de personas, principalmente inmigrantes, que han tenido problemas para recibir la atención sanitaria pública durante el año 2013. Así se recoge en el informe que Médicos del Mundo ha presentado sobre las trabas que los inmigrantes se encuentran en España desde la aplicación del Decreto de 2012, de Reforma Sanitaria.

No obstante, la Comunitat Valenciana es una de las diez comunidades españolas que ha establecido mecanismos para paliar esta carencia, con el Programa Valenciano de Protección de la Salud, que contempla que las personas sin derecho a tarjeta sanitaria, puedan abonar sólo el 40 por ciento de los medicamentos.

Pero, a pesar de ese Programa, y según recoge el Observatorio del Derecho a la Salud de la Comunitat Valenciana, Odusalud, de las 429 notificaciones recogidas en 2013, una de cada tres se refiere a la exigencia del compromiso de pago por la asistencia recibida o a la falta de acceso al trtamiento por razones económicas.

Dos de cada tres casos, no llegan a recibir atención directa por parte de personal sanitario, y 37 casos, como ya avanzamos en su día en la SER, corresponden a menores.

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Y es que, como explica el presidente de Médicos del Mundo en la Comunitat, Rafael Sotoca, el Programa valenciano es muy complejo en su tramitación, no ha sido convenientemente difundido, y, lo que es más importante, no reconoce el derecho a la sanidad pública, por lo que, una vez finaliza la "medida de gracia" que se concede a quien lo solicita, no se recupera el derecho.

Según Médicos del Mundo, llama la atención sobre la "recurrente" negativa de la Seguridad Social a reconocer como personas aseguradas o beneficiarias las nuevas categorías de usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) a quienes han visto regularizada su situación administrativa después del 24 de abril de 2012, en una interpretación de la legislación que podría ser, según esta ONG, una extralimitación de sus competencias.