"La ley me niega el derecho a votar"

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2007, de obligado cumplimiento para España, insta a los Estados a garantizar que las personas con discapacidad pueden ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás. A pesar de ello en nuestro país hay 80.000 discapacitados intelectuales que no pueden ejercer su derecho al sufragio

José tiene 21 años y una discapacidad del 60 por ciento a causa de la enfermedad que padece. Tiene Síndrome de Down, circunstancia que no le impide hacer una vida medianamente autónoma. Maneja su propio dinero, utiliza el transporte público sólo, sale y entra de casa sin ningún problema. Sus padres decidieron pedir una incapacitación para él con el objetivo de proteger sus bienes y poder gestionar su patrimonio. El juez que se la concedió eliminó en la sentencia su capacidad para ejercer un derecho fundamental: el de sufragio.

El gerente de Down España, Agustín Matía asegura que la Convención de la ONU ha calificado esta práctica "como una segregación sobre las personas con discapacidad y por eso hay que eliminarla". "El sistema jurídico, las herencias, la gestión del patrimonio, la toma de decisiones que afectan a derechos fundamentales conllevan a la necesidad de pedir una incapacitación". Durante años, explica Laura Seara, ex Secretaria de Estado de Igualdad, la privación del derecho al voto en las incapacitaciones ha sido la regla. "Tenemos que cambiar la ley para que eso sea la excepción" asegura.

Precisamente en ese cambio legislativo trabaja el Gobierno. La comisión Constitucional del Congreso mandó al Ejecutivo elaborar una reforma para eliminar las restricciones al voto de las personas con discapacidad intelectual. Además en 2011, meses antes de salir de la Moncloa, el PSOE aprobó una Ley de adaptación a la normativa Convención de la ONU. En el texto, se daba un año de plazo al Ejecutivo para que remitiera a las Cortes un Proyecto de Ley que diera cumplimiento al artículo 12 del texto sobre los derechos de las Naciones Unidas.

Desde el PP la senadora Carmen Luis asegura que el borrador "está a punto de presentarse en Consejo de Ministros" y que además de contemplar la adaptación a esa norma, "habrá modificaciones terminológicas para referirse a las personas con discapacidad como personas con la discapacidad judicialmente complementada, afectará a los procesos judiciales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil de determinación de apoyos, o de ingresos no voluntarios." Antes de la presentación en Consejo, el Partido Popular pretende contar con las aportaciones de los colectivos "para mejorar el texto".

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En Cataluña, el Código Civil permite que se nombren personas de apoyo para acudir a votar. Sin embargo para algunas asociaciones esta medida no tiene sentido. Creen que lo que deben hacer los partidos políticos es adaptar aún más toda la información electoral para que se pueda acceder a ella. Agustín Matía se pregunta por qué hay que nombrar personas de apoyo para las personas discapacitadas si a cualquiera de nosotros, ciudadanos votantes, no se nos pide ningún nivel de conocimientos para poder votar. "Dejemos que ellos voten como nosotros: Por simpatía, por su opinión, porque pesa en ella la de sus padres, o porque le cae bien cuando lo ve en la televisión, exactamente igual que el resto de personas", concluye.