Amnistía Internacional denuncia el efecto "disuasorio" de multar a manifestantes

La organización hace público un informe titulado "España: el derecho a protestar, amenazado" en el que critica las medidas gubernamentales en torno a las manifestaciones y protestas sociales en los últimos tres años, denunciando un aumento de denuncias y multas a manifestantes y organizadores que, en su opinión, tienen un "efecto disuasorio".

España: el derecho a protestar, amenazado". Es el título del informe de 85 páginas en el que Amnistía Internacional concluye que "la respuesta de las autoridades españolas a las protestas ha sido en gran parte represiva". Un informe que denuncia "el uso abusivo de las sanciones administrativas y penales para castigar a los manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de reunión", y que apunta directamente a la nueva ley de seguridad ciudadana: "El Gobierno ha optado por presentar propuestas legislativas que ampliarían el ámbito para sancionar a quienes organizan manifestaciones y participan en ellas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de reunión".

Un informe presentado en rueda de prensa por su autora, Virginia Álvarez, que denuncia el aumento de multas contra manifestantes, denuncias supuestamente falsas contra organizadores de manifestaciones y el efecto disuasorio que, según Amnistía Internacional, tiene todo esto en detrimento de los derechos de reunión, expresión y manifestación.

Sanciones como medida disuasoria

Uno de los ejes centrales del informe pone el foco sobre las sanciones administrativas que la ley de protección de seguridad ciudadana establece tanto para los participantes como para los considerados como organizadores de las protestas callejeras no notificadas. Denuncian que han encontrado "indicios claros" de que estas sanciones "pueden estar teniendo un efecto disuasorio, desalentando a la gente de participar en protestas públicas y ejercer su derecho a la libertad de reunion pacífica". Para la organización, esto "genera una situación grotesca en la que quienes intentan ejercer sus derechos humanos y protestar para reclamarlos son sancionados por hacerlo". El informe también pone en duda que los ciudadanos señalados como organizadores de una protesta sean efectivamente los convocantes, aludiendo a la "vaguedad" de motivos por los que puede identificarse a alguien como organizador.

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Laobligación legal de notificar una manifestación a las autoridades al menos con diez días de antelación a su celebración, tal y como establece laLO 9/1983, es también motivo de reproche y preocupación para Amnistía Internacional: la ley "no es clara" al señalar las causas excepcionales que justificarían acortar esos plazos, algo que para la organización constituye un filtro de gran relevancia.

¿Delitos contra las altas instituciones?

A lo largo de su informe, Amnistía Internacional también alude al auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que enterró las aspiraciones de la policía y de la delegada de Gobierno Cristina Cifuentesde calificar los incidentes de la protesta del 25S frente al Congreso de los Diputados como un delito contra las altas instituciones. "La gravedad aventurada por la policía no era tal, en el actoa no consta alteración alguna del normal funcionamiento de la sesión". Una frase que subraya la organización para denunciar lo que definen como un "intento de criminalizar a los organizadores" de las manifestaciones.

Una respuesta pública "cada vez más organizada"

En su informe, Amnistía Internacional expone lo que, a su juicio, es el contexto social actual que ha potenciado las protestas en las calles: la crisis económica. "Las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe no se producen en un entorno vacío", asegura: "Tienen lugar en un país sumido en una profunda crisis económica, con un elevado índice de desempleo, y donde las medidas han dado lugar a recortes en servicios básciso que han afectado a la mayoría de la población". Según la organización, esto ha provocado una respuesta pública "cada vez más organizada" en forma de protestas, encabezadas por movimientos sociales en los últimos tres años, destacando al 15M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sobre el resto. Unos movimientos sociales que, según denuncia el informe, han sido "estigmatizados por la retórica del Partido Popular", en alusión a las declaraciones de varos miembros de la formación conservadora en las que relacionaban directamente a la portavoz de la PAH, Ada Colau, con "grupos filoetarras".

La actuación de la policía

El texto de Amnistía Internacional también dedica espacio en sus páginas a las actuaciones policiales en las manifestaciones durante los últimos tres años. A este respecto, la directora de la organización en Europa, Jezerca Tigani, ha afirmado que "la policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren acoso constantey son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas". El informe divide en tres partes los puntos criticables de las fuerzas de seguridad del estado: el uso excesivo de material antidisturbios, malos tratos durante las detenciones y por último el trato durante la custodia policial. Alusiones a Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo después de un pelotazo de goma en noviembre de 2012 en Barcelona, o a Leandro Acosta, presuntamente agredido por la policía durante las protestas del 25S en Madrid en 2012.

Entre los testimonios recogidos por el informe, está el de Jorge Aranda, quien ha comparecido en la rueda de prensa para explicar que fue detenido y denunciado por, presuntamente, haber intentado agredir al entonces consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, una denuncia que fue archivada después de que la jueza examinara los vídeos del suceso.

El informe también refleja algunos testimonios que denuncian un trato degradante por motivos de género por parte de las fuerzas de seguridad del Estado: "Una de las personas entrevistadas comentó que las mujeres sufrían, con mucha frecuencia, insultos sexistas".