Seis vocales del Poder Judicial hacen una enmienda a la totalidad de la ley Gallardón

Seis vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial han elaborado un informe sobre el anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial paralelo al que ha elevado la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces al pleno que se va a celebrar esta semana. El texto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, sostiene que la nueva ley dibuja un nuevo modelo que choca con la Constitución Española especialmente en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial que debe actuar "como un auténtico contrapeso del resto de poderes constitucionales".

Los vocales elegidos a propuesta del PSOE, Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez, Rafael Mozo, Concha Sáez y Pilar Sepúlveda han registrado en el Poder Judicial un contrainforme sobre el anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial. El documento, que se estudiará conjuntamente con el informe que ha elaborado la comisión permanente y que ya les adelantó la Cadena SER, pide la retirada de la iniciativa legislativa porque "choca con los mandatos constitucionales" que asisten a la carrera judicial. Los mandatos de "independencia, inamovilidad o sumisión al imperio de la ley" y también choca con las garantías que aseguran su efectividad como son las de "un Consejo General del Poder Judicial que actúe como auténtico contrapeso de los otros poderes constitucionales".

Un CGPJ de impronta presidencialista

A lo largo de diez puntos el documento subraya que el anteproyecto "es un texto radicalmente falto de rigor técnico" que solo se justifica con "una exposición de motivos de una superficialidad y una retórica vacua que causan estupefacción". Los vocales subrayan que la reforma de la organización y funcionamiento del nuevo Consejo General del Poder Judicial es "un auténtico fraude constitucional" que lo ha convertido en un órgano "menos plural, de impronta intensamente presidencialista que aparta de funciones efectivas a la mayoría de los vocales".

Otro foco de crítica es el de impedir a los jueces que hablen de casos concretos porque es una medida de dudosa constitucionalidad que persigue "un afán de control frente a todo atisbo de disidencia o libertad de crítica en el seno de la judicatura, una confusión entre el deber de respeto y el silencio obligado, propia de una concepción antiliberal".

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Se trata, concluyen, de un anteproyecto que se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas y los entes locales que hace "más difícil el acceso a la Justicia de los ciudadanos que no vivan en capitales de provincia y desprotege a los colectivos más vulnerables". Una mejor salida, sostienen, habría sido la de dotar de más medios materiales y humanos a los jueces que "con su compromiso y sobreesfuerzo salvan las consecuencias diarias y el riesgo de colapso del sistema".