Los jueces conservadores acusan a Gallardón de querer interferir en su trabajo

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha redactado un informe crítico con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, pidiendo la retirada o modificación de varios artículos. En un extenso documento del gabinete de estudios de la asociación se critica que se quiera dar poder al Ministerio de Justicia para solicitar actuaciones inspectoras al Poder Judicial sobre cualquier tribunal, o que se intente limitar la libertad de expresión de jueces y asociaciones "de forma innecesaria".

Los jueces conservadores no están conformes con la reforma que Alberto Ruiz-Gallardón ha propuesto para la Ley Orgánica del Poder Judicial. La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido un informe crítico con este anteproyecto, en el que solicita la retirada de artículos y preceptos, llegando a hablar en algunos momentos de "injerencias del poder legislativo sobre el poder judicial", de una "limitación" en la libertad de expresión de los jueces e incluso de una "ofensa a la división de poderes y la independencia judicial".

Las críticas más duras van dirigidas al artículo que permitiría al Ministerio de Justicia solicitar al Poder Judicial la inspección de la actuación de cualquier tribunal, algo que para la asociación mayoritaria "supone una injerencia del poder legislativo sobre el poder judicial que puede evitarse acudiendo a otras vías que supongan una menor injerencia". Creen los jueces de la APM que este precepto ya está redactado de forma similar en la ley actual y que "sería el momento de su supresión".

En esos mismos términos se expresan cuando el anteproyecto pretende convertir en falta grave la utilización de expresiones "gravemente extravagantes, ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico" en el caso de sanciones irrecurribles. Señala la APM que es una pretensión "intensamente problemática y ofende a la división de poderes y la independencia judicial" ya que "el hecho de que no quepa recurso contra la resolución no habilita a que un órgano gubernativo pueda sobreponerse a la división de poderes, ofender la independencia judicial, e inmiscuirse en el ejercicio de la jurisdicción".

La APM también acusan a algunos artículos del anteproyecto de "potenciar la imagen de politización de la justicia que percibe una ciudadanía", en relación con la proposición de que un presidente de tribunal pueda ser cesado por "pérdida de confianza" si así lo solicitan tres quintos de los vocales del pleno del Poder Judicial. Una medida que, además, según explicarán "proyectará una mayor influencia partidista en los tribunales que dependen de esos presidentes".

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Apartar a "jueces incómodos"

Cree la APM que varios artículos de este anteproyecto de reforma de la LOPJ dan vía libre a recusar a jueces y apartarles de un proceso por razones demasiado amplias que "permitirían apartar fraudulentamente a un juez incómodo para alguna de las partes", señalando a los puntos que permiten recusar a un juez si en el pasado ha tenido algún pleito con ellos.

De la misma manera critican los artículos que tienen previsto que la doctrina del Tribunal Supremo pase a ser jurisprudencia vinculante, señalando que este planteamiento "no está bien resuelto" y definiendo incluso como inconstitucional el planteamiento de la cuestión jurisprudencial previa. Un asunto que también ha sido objeto de debate y crítica dentro de la sala de gobierno del propio Tribunal Supremo.

"Castrar jurídicamente" a las asociaciones

En su informe, la APM también critica que el anteproyecto de reforma intente recortar los derechos de las asociaciones judiciales, consideran que limita su libertad de expresión "de forma innecesaria" al prohibir a jueces y asociaciones hacer valoraciones en medios de comunicación sobre procedimientos judiciales. Opina en este punto la asociación mayoritaria que se dibuja "un escenario irreal" cuando, según explica, "la experiencia enseña que, como regla general, los jueces y, en particular, las asociaciones judiciales no critican en los medios de comunicación las resoluciones judiciales ni realizan valoraciones que directa o indirectamente puedan perturbar la independencia de un órgano judicial".

También critican que el anteproyecto de buscar la oportunidad para "castrar jurídicamente" a las asociaciones al prohibir que puedan constituirse en fundaciones.

Junto con esto, el informe pide la retirada o modificación de varios preceptos que apuntan directamente a los magistrados: los que permiten que la acción popular pueda iniciar un procedimiento contra un juez, que ausentarse un único día suponga una falta leve y que las multas que se puedan imponer a un magistrado ascienda de 6.000 a 10.000 euros. También reclaman garantías para sus "derechos económicos adquiridos".

Los jueces del Constitucional, intocables

Los jueces conservadores de la APM también piden suprimir otro artículo de la futura LOPJ: el que impide que el Tribunal Supremo pueda enjuiciar resoluciones de jueces del Tribunal Constitucional. Según la asociación, este artículo "puede suponer que los magistrados del Constitucional, aunque prevariquen, no pueden ser juzgados por ello".