Los imputados por malversar 1300 millones en RTVV señalan a la Generalitat

VALENCIA

Compromís presentaba el pasado mes de marzo una denuncia contra cinco ex directivos de RTVV por los posibles delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos

Los dos primeros ex responsables de la Radiotelevisió Valenciana que han pasado por el juzgado para declarar por contrataciones presuntamente irregulares han apuntado a la Generalitat. Lluis Motes, ex director de Ràdio Nou y Lluis Redondo, ex director de Canal Nou, han mirado hacía arriba. Enrique Lozano, abogado de Lluis Motes, ha señalado al término de la declaración de su defendido que evidentemente la responsable del ente público era la Generalitat pero que él no considera que haya responsabilidad penal en la actuación de los administradores denunciados.

Ponía forma Lozano a lo que venimos contando: Motes ha declarado que él cumplía órdenes sin determinar quién daba esas órdenes aunque subrayaba que el presupuesto venía fijado por la Generalitat. Recordamos que Lluis Motes está imputado junto a otros cuatro ex responsables del ente público por contratos supuestamente irregulares que habría firmado cuando fue director de la radio autonómica y que en todo caso, ha asegurado durante su declaración, sólo pretendía buscar una buena programación para aumentar la audiencia.

Tanto Lluis Motes como Redondo han sido recibidos con gritos y una pitada de varias decenas de ex trabajadores del ente público a quienes Motes ha denunciado ante el juzgado de guardia al haberse sentido agredido. Su abogado ha lamentado esos hechos y ha calificado de actitud cobarde la de quienes piden justicia y al tiempo agreden y coaccionan. Sin embargo, ex trabajadores de Canal Nou han fotografiado a Lluis Motes cuando se marchaba en coche de los juzgados dedicándoles una peineta.

En nombre de esos extrabajadores, Salut Alcover, vicepresidenta del comité de empresa, ponía el acento en que cada día está más claro que RTVV era como "una Generalitat en pequeño". Ha recordado que entre el 7 y el 8% de los imputados por causas políticas en la Comunitat son ex responsables del ente público y sólo, de momento, tienen la pena de telediario. Alcover de la justicia espera más porque "los días de vino y rosas se han acabado y alguien tendrá que asumir su responsabilidad".

Mañana le toca el turno a Nuria Romeral. A final de mes, Lola Johnson y López Jaraba.

Denuncia de Compromís

Compromís presentaba el pasado mes de marzo, una denuncia contra cinco ex directivos de RTVV por los posibles delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, en concreto un "agujero" de 1.300 millones de euros. La formación Compromís acusa a los gestores de RTVV de llevar a cabo entre 2010 y 2012 contrataciones que constituyen "una disposición dolosa de los recursos" del ente público "sin causa justa", en perjuicio de las arcas públicas y con el fin de "sobre endeudar" a la entidad en beneficio de terceras personas aún por determinar.La coalición alude a contrataciones que incumplen los procedimientos legales, ocultación de contratos, falta de justificación, gastos fraccionados en fraude de ley, asunción de contraprestaciones "notoriamente onerosas" o ajenas a los precios de mercado, y ventajas comerciales a clientes.

Compromís, que basa muchos de sus argumentos en los informes de la Sindicatura de Comptes, cita ejemplos de "irregularidades" en el contrato entre TVV y el Villarreal CF para la adquisición de derechos de emisión, los descuentos en el precio de la publicidad, o la compra por 600.000 euros a la productora Triskel de tres documentales.Además, señala que los denunciados "incumplieron notoriamente" el precepto legal fijado en la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2010 que establecía que en 2011 y 2012 no se iba a incrementar la deuda del ente, ya que "ocasionaron un endeudamiento" de 60,1 millones de euros en 2011, una actitud que "agravan" en 2012.

A su juicio, esos gestores actuaron de forma "desleal" y generaron en la empresa pública una deuda de "más de 1.300 millones de euros", que sirvió de "caldo de cultivo" para la liquidación del ente, en la que la desafectación de los bienes se ha hecho de forma "anormal y fuera de los márgenes mínimos de legalidad".

Compromís pretende que los imputados expliquen quiénes eran los beneficiarios de esas contrataciones y, en caso de que nieguen su responsabilidad en la toma de decisiones, digan quién les ordenó que contrataran con una u otra empresa.