Miércoles, 18 de Mayo de 2022

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El Gobierno niega que vaya a retrasar la negociación de la reforma electoral

La vicepresidenta se escuda en que el compromiso es estudiar la nueva ley en una mesa de partidos tras ser desgajada del paquete de regeneración democrática

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. / EFE

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo continúa su negociación sobre propuestas de regeneración democrática, aunque ha recordado que paralelamente el PP y el PSOE se han comprometido a abordar y estudiar en una mesa de partidos la reforma electoral. La vicepresidenta ha respondido así a la pregunta sobre si el Gobierno teme que su propuesta sobre la reforma de la ley electoral quede olvidada después de que finalmente se haya desgajado de las medidas de regeneración democrática.

La vicepresidenta ha explicado que en la reunión que mantuvieron ayer el Gobierno, el PP y el PSOE, se acordó una mesa de partidos que negociará la reforma electoral de forma separada y paralela al diálogo parlamentario sobre regeneración democrática. "Van a ser los partidos que tradicionalmente han venido debatiendo sobre la reforma electoral quienes se sientan a abordar propuestas del PP y de otros grupos, si lo estiman oportuno, sobre la elección directa de alcalde u otro tipo reformas electorales", ha precisado.

Sáenz de Santamaría ha señalado que en la reunión de ayer se plantearon distintos elementos en la negociación de la regeneración democrática, que entiende que "deben hacerse en el ámbito gubernativo y parlamentario" sobre las dos leyes que el Ejecutivo envió a la Cámara: una sobre el control económico financiero a los partidos políticos y otra, el estatuto del alto cargo.

En relación al estatuto del alto cargo, la vicepresidenta ha explicado que establece mayor transparencia y control de cuentas y, tras señalar que es una iniciativa que afecta a la administración general del Estado, ha invitado a que la estudien otras administraciones ya que, en su opinión, "sería bueno" que se pudieran establecer medidas similares.

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