Jueces expertos en energía decidirán el futuro de las renovables

Decenas de empresas eléctricas y productoras de energías renovables han recurrido ante el Tribunal Supremo la ley de producción de electricidad a partir de energías renovables aprobada por el Gobierno en junio de 2014. Los recursos, por ahora noventa aunque el plazo sigue abierto, se están acumulando en la misma sala, y los jueces sopesan si llevar el asunto a pleno o si resolver uno solo y marcar el camino a los demás.

Los recursos contra la nueva normativa de energías renovables se amontonan en el Tribunal Supremo mientras los jueces esperan y deciden qué hacer con ellos. Decenas de empresas del sector eléctrico y de las energías renovables han llevado este Real Decreto y la Orden que lo desarrolla, que revisa los baremos de ayudas públicas a la producción de renovables con un importante recorte, que además se produce con efectos retroactivos.

Por ahora el Tribunal Supremo ha recibido 90 recursos, aunque está previsto que se presenten algunos más en los últimos días habilitados para ello: el recorte de estas cantidades, según los recurrentes, puede llevar a los productores de renovables a un destino trágico.

Por lo pronto el sistema de reparto especializado ha conseguido que los recursos hayan caído en manos de los jueces de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, una sala familiarizada con los asuntos relacionados con la producción de energía eléctrica: fueron estos jueces (los que en junio de este año estimaron parcialmente el recurso de Gas Natural y anularon parte de los peajes eléctricos de 2013. Un mes después, también fueron estos mismos jueces los que rechazaron un recurso de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) contra estas mismas tarifas. Esta sección fue también la que el pasado verano avaló las prospecciones petrolíferas en canarias.

Las opciones que barajan los jueces para manejar este caudal de recursos son varias, aunque en cualquier caso fuentes del alto tribunal rechazar que este asunto pueda resolverse, como mínimo, antes de un año. Las posibilidades pasan por terminar llevando el asunto al pleno de la sala de lo contencioso-administrativo, o también por resolver un recurso y sentar jurisprudencia para el resto. Desde el Supremo se apunta, en cualquier caso, a que es poco probable que los recursos se agrupen y se resuelvan de forma conjunta, dado el enorme caudal de escritos presentados.

"Como unas preferentes en las que quien engaña es el Estado"

Apenas pasados unos días de la publicación del Real Decreto, y la Orden que lo desarrolla, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), decenas de asociaciones, grandes empresas y pequeños productores dejaron su recurso en el buzón del Tribunal Supremo. "Es igual que un caso de preferentes, pero aquí el que engaña no ha sido la banca, ha sido el Estado": con estas palabras describe José Donoso, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el efecto que ha tenido la retroactividad de esta norma. Para Juan Castro, abogado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), esta nueva normativa plantea un futuro incierto para los productores de energías renovables, en especial para su sector: "Lo que produce es casi su eliminación, casi la ruina, la fotovoltaica está en manos de personas o de pequeñas empresas, y no hay estructuras verticales como tienen otras empresas de energía convencional". Según explica a la Cadena SER Luis Polo, director general de la Asociación Española Eólica (AEE), ha existido un problema de comunicación con el Gobierno a la hora de redactar y tramitar esta norma: "Cuando uno acude a los tribunales es porque algo ha fallado antes, y lo que ha fallado antes ha sido el diálogo. No ha habido una interlocución adecuada".

Por el momento, el Tribunal Supremo ha registrado un total de 90 recursos tanto contra esta norma como contra la orden que la desarrolla, entre los que también se encuentran grandes empresas como Iberdrola. Uno de ellos agrupa además a 166 personas que recurren bajo una misma representación legal. Es una medida que también ha sido recurrida por grandes entidades internacionales, afectadas por el Decreto. El grupo Nextera, líder estadounidense en producción de renovables, solicitó en mayo al organismo internacional de arbitraje, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que estudie este asunto, algo que también hizo días más tarde el fondo británico de inversiones Infrared Capital Partners. Incluso la Comisión Europea criticó la medida por considerar que "provoca una fuerte incertidumbre".

De hecho, cada entidad recurrente habrá puesto sobre la mesa un porcentaje diferente de rebaja de ayuda pública desde una fecha distinta por lo que es posible que los jueces no puedan resolver recursos de forma conjunta.

La decisión, demasiado tarde para algunos

Si fuentes del alto tribunal hablan de un plazo mínimo de un año, o incluso más, hasta que este asunto quede resuelto por la vía judicial, se trata de un espacio de tiempo que muchos recurrentes consideran demasiado elevado para asegurar la supervivencia de los pequeños productores de energías renovables. Donoso achaca esto a la complejidad del asunto: "Es muy complicado para los magistrados del Supremo despacharlo rápido, es un tema muy peliagudo. Es posible que una resolución llegue tarde, y que alguno se haya quedado por el camino".