Un confidente para que los jueces denuncien acoso laboral
El Poder Judicial estudia la creación de esta figura en los juzgados españoles en el marco de un protocolo de actuación contra el acoso en la judicatura
El Consejo General del Poder Judicial trabaja junto con asociaciones judiciales en la creación de un protocolo para combatir, asegura el organismo, el acoso contra jueces y juezas. Una de las medidas, que según fuentes del proceso cuenta con el visto bueno de todas las partes, es la creación de un asesor confidencial para que las presuntas víctimas puedan denunciar su situación.
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Un confidente para que los jueces y juezas españoles denuncien situaciones de acoso en sus juzgados. Es uno de los puntos más destacados del Protocolo de Actuación frente al acoso en la carrera judicial que cocina en estos momentos el Poder Judicial: un asesor al que los jueces puedan comentar de forma confidencial los casos de acoso que estén sufriendo, y que asimismo les guíe a lo largo del proceso de denuncia hasta terminar en una hipotética investigación judicial del asunto.
El borrador, que todavía tiene por delante varios meses de debate y aportaciones hasta que llegue a manos del pleno, contempla dos vías para que jueces y juezas, guiados por este asesor, puedan denunciar el acoso laboral: primero por una vía más discreta, en la que el asesor se pone en contacto con el supuesto acosador y media entre los dos, y una segunda en la que le guía por las posibles medidas legales que el denunciante pueda decidir tomar.
Se trata de un trabajo que está realizando la Comisión de Igualdad del Poder Judicial en colaboración con todas las asociaciones judiciales, según explica el borrador, de "adoptar una política de tolerancia cero" contra el acoso en el ámbito laboral de los jueces. Un acoso que el borrador extiende al ámbito sexual, religioso, étnico, por discapacidad, por edad y también por la orientación sexual, "homófobos y lesbófobos", basándose en las definiciones que ofrecen la Ley de Igualdad y la de medidas de orden social.
Elección por concurso público
Según el borrador previo que maneja la Comisión de Igualdad del Poder Judicial, al que ha tenido acceso la SER, cada uno de estos asesores serán elegidos por un concurso público al que podrá presentarse cualquier magistrado en activo, valorándose positivamente si una solicitud viene acompañada de avales de sus compañeros. El estatuto embrionario programado para esta figura del asesor confidente incluye la concesión por parte de la Comisión Permanente de permisos si el ejercicio de sus funciones afectara "a su vida personal o familiar", así como el pago de dietas y gastos de desplazamientos "previa justificación".
De la misma manera, hay planeado un estatuto que establece que estos asesores tendrán "un escrupuloso deber de sigilo" que sólo podrá romperse si es llamado a declarar en una investigación formal derivada de una queja tramitada por él. También se establece que su protección estará garantizada "frente a las represalias derivadas del ejercicio de sus funciones". Existirá también un registro público de los jueces que ejerzan como asesores en estos asuntos.
Esta figura del asesor confidente se enmarca en tres bloques de medidas que, aún en fase embrionaria, sopesa el Consejo General del Poder Judicial: un primer conjunto de medidas destinadas a la prevención, otro a la denuncia del acoso y un último al apoyo a la persona que ha sido acosada. En éste último bloque se incluye por ejemplo, y siempre en fase de borrador, la posibilidad de realizar un examen médico psicológico, acelerar las solicitudes de permisos de estas personas, facilitar el acceso a cursos si el acoso le perjudicó en el aspecto formativo o asesoramiento en relación con la prestación de asistencia sanitaria.
Protección sólo para jueces
Se trata de un estatuto que, por ahora y a la espera de nuevos debates entre los ponentes, sólo se aplicara a jueces, y no al resto de funcionarios, que seguirán tramitando este tipo de situaciones por la vía ordinaria que marque el protocolo de la Administración pública correspondiente.
Meses de trabajo por delante
En cualquier caso, a este conjunto de medidas todavía le quedan varios meses para ver la luz. Además del periodo de negociación, consultas y aportaciones que todavía está abierto, según fuentes cercanas al proceso durante al menos un par de meses, el propio texto establece que entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre medias, tendrá que pasar el filtro de la Comisión Permanente y el pleno del Consejo General del Poder Judicial.
