El juez interroga a Granados y al resto de detenidos de la operación Púnica
Además de Granados, declaran en la Audiencia Nacional su socio en la trama de corrupción, David Marjaliza, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez
Un furgón de la Guardia Civil entrando en la Audiencia Nacional / Fernando Alvarado (EFE)
Los últimos 17 detenidos en la operación Púnica que quedan por ser conducidos ante el juez Eloy Velasco, entre ellos el exconsejero madrileño y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, han comenzado a llegar a las 09:00 a la Audiencia Nacional desde dependencias de la Guardia Civil.
El primer furgón de la Guardia Civil, con cinco detenidos, ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim a las nueve de la mañana, según han informado fuentes jurídicas.
Tras el traslado de los detenidos a los calabozos del tribunal serán puestos uno a uno a disposición del juez para su interrogatorio.
Además de a Granados y a su socio en la trama de corrupción, David Marjaliza, Velasco tomará declaración al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a cinco empresarios.
Dos de ellos, Didier Maurice y Constantino Álvarez, de la multinacional francesa Cofely, que recibió numerosas adjudicaciones irregulares, así como otros tres de empresas de Marjaliza (Eduardo de la Peña, José Luis Huerta y Antonio Serrano).
Estos cinco, que son los trasladados en el primer furgón que ha llegado a la Audiencia Nacional, tenían que haber comparecido el miércoles, pero finalmente sus declaraciones se pospusieron después de que Velasco decretara para ellos la detención judicial, puesto que hasta entonces se trataba de un arresto policial.
Velasco envió este miércoles a prisión eludible bajo fianzas de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), así como al jefe de gabinete de este último, Antonio Borrego, y de 25.000 para el testaferro de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz.
En este procedimiento, con 51 imputados, fueron detenidas 35 personas, de las que 12 comparecieron el miércoles ante el juez, otras 17 lo hacen este jueves y seis quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil.
El juez afirma en el auto que dictó el miércoles que los detenidos formaban parte de una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios", contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.
