Más de 100 ONG piden al PP que no legalice las expulsiones de inmigrantes a pie de valla

Madrid

Ante el escándalo internacional y la lluvia de críticas y de demandas judiciales a las que se enfrenta el Gobierno por su política de expulsiones ilegales de inmigrantes a pie de valla el PP pretende amparar estas prácticas por la puerta de atrás -a través de una enmienda al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que acaba suponiendo una modificación de la ley de Extranjería- y sin someterla a debate público y al escrutinio de los órganos consultivos. El objetivo es intentar dar un marco jurídico que saque de la ilegalidad estas llamadas “devoluciones en caliente” en referencia a las expulsiones de inmigrantes a pie de valla, que estando en suelo español son entregados por la Guardia Civil a los gendarmes marroquíes sin aplicar la ley de extranjería que obliga a identificar y dar asistencia jurídica a cada persona que pretenda entrar a nuestro país y vulnerando además la ley de asilo. Es decir,estas prácticas abanderadas por el Ministerio del Interior conculcan no sólo nuestras leyes sino los pactos internacionales que ha firmado nuestro país, como recordaba hace sólo unos días el Comité de Derechos Humanos de la ONU que pedía explicaciones al Gobierno por estas expulsiones ilegales o por los 15 muertos de los sucesos de la playa del Tarajal en Ceuta.

Para intentar evitar esta reforma express del Gobierno y de la mano de la mayoría absoluta del PP, hoy 119 entidades sociales de todo el territorio español, ONG, e incluso agencias de la ONU como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), han presentado un escrito en el Congreso para pedir la retirada de esta reforma.

“Ningún país de la Unión Europea hace devoluciones en bulto, sin identificar, sin ningún tipo de trámite o identificación, sin procedimientos legales como está haciendo España, de hecho las expulsiones colectivas están claramente prohibidas en el derecho comunitario” ha denunciado Cristina Manzanedo, de Pueblos Unidos , uno de los colectivos que ha firmado este manifiesto bajo el título “Frontera Sur: Hasta dónde están dispuestos a llegar?” y que han entregado en el registro del Congreso de los Diputados.

“Dichas prácticas, consistentes en la entrega a Marruecos por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de personas interceptadas en territorio de soberanía nacional, han conmocionado a la opinión pública nacional y manchado la imagen internacional de España. Han sido cuestionadas públicamente con dureza por instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía Española, asociaciones de jueces y fiscales, la Conferencia Episcopal Española, juristas de reconocido prestigio, por la Comisión Europea, así como por organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros organismos de protección de los derechos humanos. Esta unanimidad en la crítica debería hacer reflexionar a sus señorías sobre el despropósito de semejante enmienda. Conviene no olvidar que, además, estas prácticas han dado lugar a la imputación penal de altos cargos civiles y militares” señala el comunicado.

 Según estas entidades la citada enmienda que reformaría a su vez la ley de extranjería, ”no debe prosperar por suponer una vulneración de la Constitución, del Derecho comunitario y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor. La entrega a Marruecos de ciudadanos extranjeros por la vía de hecho, sin audiencia, sin identificación, sin resolución individualizada, impide el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. Además de conllevar el riesgo cierto de incremento de la violencia en la Frontera Sur, supone dinamitar uno de los pilares del Estado de Derecho: el sometimiento de la Administración a la ley y la posibilidad de control judicial de su actuación” denuncian en el manifiesto entregado a los grupos parlamentarios.

“Diputados y Diputadas, Senadores y Senadoras, apelamos a su humanidad. Defiendan los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional. No acompañen al Ministerio del Interior en esta huida hacia delante que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad, nos aleja de la civilización y nos despeña por la pendiente de la barbarie. Paren la reforma de la Ley de Extranjería” concluye el escrito presentado en el registro de la cámara baja.

Pero estos colectivos no sólo rechazan el contenido de la reforma sino la forma en la que ha sido presentada, que califican de "escándalo": una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que a su vez supone la modificación de la Ley de Extranjería. Javier Baeza de la parroquia San Carlos Borromeo ha instado al PP a "escuchar y no aplicar el rodillo parlamentario" para sacar adelante esta ley que ”por la puerta de atrás criminaliza a aquellos que huyen de las guerras y el hambre, muchos de los cuales vienen a pedir asilo".

La petición de las 119 asociaciones y plataformas en defensa de los derechos humanos ha sido respaldada por diputados de la oposición, entre ellos, PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, BNG, ERC y Amaiur, que han acompañado a los representantes de las organizaciones firmantes en la entrega del documento. PP y UPyD han sido los dos únicos grupos que no han recibido a los representantes de estas entidades sociales.