El PSOE propone un plan contra la explotación para luchar contra las horas trabajadas y no pagadas
Un estudio del grupo socialista cifra en 286.000 los empleos perdidos por el trabajo extra no retribuido
Madrid
El grupo parlamentario socialista ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso proponiendo al resto de la cámara un plan contra la explotación laboral, que se orientaría especialmente a combatir la práctica de que los trabajadores se vean obligados a hacer más horas de las previstas, que además no se les retribuyen. El texto registrado en el parlamento va acompañado de un estudio, hecho a partir de datos oficiales, que estima en más de 10.000.000 las horas ilegales que se realizan a la semana. El informe, que realiza este cálculo a partir de las cifras de la Encuesta de Población Activa, subraya que ese número de horas equivalen a 286.284 puestos de trabajo y que han supuesto a la Seguridad Social una minoración de su recaudación en el entorno de los 2.400 millones de euros.
Para el PSOE, el Gobierno tiene parte de la responsabilidad en este aumento de la precariedad y la explotación, por la “desregulación del mercado laboral” introducida por la reforma laboral de 2012, y por la dirección que le está dando en la actualidad el ministerio de Empleo a la Inspección de Trabajo. La Secretaria de Empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez, ha urgido en este sentido a que los inspectores “se dediquen no a perseguir parados que cobran prestación, sino a vigilar y sancionar a las empresas que firman contratos a tiempo parcial que en realidad encubren contratos a tiempo completo”.
La Proposición No de Ley del PSOE propone así un plan contra la explotación laboral apoyado en tres patas: endurecer la ley que sanciona a los empresarios que incurran en estas prácticas, para que tengan que pagar multas más elevadas; modificar la regulación de la contratación a tiempo parcial para evitar los abusos que –entienden- permite la normativa actual, aprobada por el PP entre 2012 y 2013; y cambiar la normativa de subsidios para que los trabajadores a tiempo parcial no se queden, en caso de perder su empleo, con una protección por desempleo minorada, que es lo que sucede ahora.
