El Congreso debate la doble nacionalidad para los sefardíes

Madrid

La ley que facilita la obtención de la nacionalidad española a los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 por orden de los Reyes Católicos, inicia hoy su andadura parlamentaria con el debate de totalidad en el Congreso. La norma prevé un sistema de concesión directa para los sefardíes que viven en el extranjero, al margen de los dos años de residencia legal en España exigidos hasta ahora. Para ello, el solicitante podrá obtener la nacionalidad española, sin perder la suya propia como ocurre en la actualidad, mediante la acreditación de su origen y linaje y su vinculación especial con España, a través de un exámen que evalúe sus conocimientos de la lengua y cultura españolas.

La iniciativa pretende saldar una deuda histórica con una comunidad a la que se obligó a renunciar a su fe y convertirse al cristianismo, bajo pena de expulsión. Los descendientes de quienes no se convirtieron y abandonaron España hace cinco siglos podrán obtener ahora la nacionalidad española de manera casi automática.

Varios grupos parlamentarios han anunciado la presentación de enmiendas al texto para lograr que este procedimiento de nacionalidad para los sefardíes -que todos ellos respaldan y consideran justo- se amplíe a otros colectivos. El grupo de la Izquierda Plural y ERC van a presentar sendas enmiendas de totalidad para que el Gobierno aproveche esta ley y extienda este reconocimiento de nacionalidad también a otros colectivos como los saharauis, los nietos de españoles exiliados y también los moriscos, que fueron expulsados de España en 1610 y que actualmente viven en Marruecos y Argelia. Según el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se trata de evitar una discriminación injusta porque tanto derecho tienen los sefardíes a una reparación histórica como otros colectivos con las mismas vinculaciones con España. En ese sentido, considera que con esta reforma parcial el Gobierno de Rajoy busca más una compensación al Estado de Israel por el voto favorable que España ha dado al reconocimiento del estado de Palestina, que la reparación de una efectiva injusticia histórica con los sefardíes.

El PSOE, por su parte, utilizará la vía de las enmiendas parciales para pedir que el reconocimiento llegue tanto a los saharauis como a los descendientes de exiliados por motivos políticos que, por distintos motivos, han quedado excluidos de las distintas leyes, incluida la ley de Memoria Histórica. "Hay casos sangrantes como el de las mujeres exiliadas que al casarse perdieron la nacionalidad y que ya no han podido transmitírsela a sus hijos. O el de los nietos de emigrantes que sí la lograron si eran menores en el momento de aprobarse la Ley de Memoria Histórica pero que no la obtuvieron si ya habían cumplido la mayoría de edad. Son lagunas jurídicas que hay que resolver y éste es el momento de hacerlo", dice la diputada socialista Carmela Silva que emplaza al PP a no mirar a otro lado y demostrar su voluntad de atender a todos los colectivos afectados.

Por su parte, el Partido Popular considera que esta ley supone una reparación histórica y tiene una importante carga simbólica destinada a un colectivo con el que había una deuda pendiente que ahora se pretende saldar. Por ello, con carácter preliminar y a la espera del recorrido del texto en el Congreso, el diputado Gabriel Elorriaga no considera oportuno mezclar debates y estima que es preferible que otras cuestiones no resueltas sean abordadas eventualmente en textos legislativos diferenciados. Elorriaga también se ha mostrado convencido de que el trámite parlamentario servirá para pulir y mejorar los mecanismos concretos de reconocimiento de la nacionalidad a los sefardíes que prevé la ley, para que todos quienes tienen derecho a ello puedan ejercitarlo con las máximas garantías.