Las acusaciones cuestionan la independencia de la Abogacía del Estado

Madrid

Dos acusaciones populares del caso por el que se investiga la supuesta Caja B del Partido Popular, en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, han censurado que el Abogado del Estado que debe decidir si se personan en la causa, ocupe un cargo de libre designación dentro del cuerpo de letrados, nombrado por la Abogada General del Estado, Marta Silva Lapuerta, por delegación del ministro de Justicia.

La acusación del Observatori Desc sostiene, en declaraciones a la SER, que está “cuestionada su independencia” y las “razones por las que todavía no está personada” en la causa, a pesar del “indudable interés” del Estado en el proceso.

Asevera que “no es de recibo que un señor nombrado a dedo por la sobrina de Lapuerta haya decidido no personarse en el caso” y estudian emprender “acciones de carácter penal o disciplinario”.

Por su parte, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, ADADE, también acusación popular en el caso, asevera que el nombramiento “huele a chamusquina” y considera que “no se han cumplido las exigencias mínimas de asepsia”. Su presidente, José Mariano Benítez de Lugo, concluye que “quien paga manda y si no se siguen las consignas de quien te ha nombrado, tu cabeza huele a pólvora”.

El abogado del Estado responsable del caso es Fernando Irurzun Montoro, que fue nombrado subdirector de servicios de lo contencioso de la Abogacía del Estado, un cargo de libre designación, en julio de 2012. Y quien firmó su nombramiento, por delegación del ministro de Justicia, fue la Abogada General del Estado, Marta Silva Lapuerta.

Silva Lapuerta se apartó del caso porque es sobrina del extesorero imputado Álvaro Lapuerta. Además, fue alto cargo de Sacyr en la época en la que esta empresa pagó supuestamente la comisión de 200.000 euros para la campaña de Cospedal, a cambio de una contrata de basuras en Toledo. Quien fichó a Marta Silva en Sacyr fue Luis del Rivero, el expresidente de la entidad imputado por donar, supuestamente, 480.000 euros a la contabilidad negra del PP.

Desde el Ministerio de Justicia insisten en que la Abogacía del Estado no puede personarse en el caso hasta que la Agencia Tributaria no fije las cuotas supuestamente defraudadas al fisco. Un paso que Hacienda todavía no ha dado. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER y la propia Fiscalía Anticorrupción cuestionan este criterio, y consideran “inexplicable” que todavía no forme parte del procedimiento.