Consuelo Madrigal, nueva fiscal general del Estado

Madrid

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, actualmente al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores, es la sustituta elegida por el gobierno para el cargo de Fiscal General. Es la primera mujer que ocupa la máxima responsabilidad en la Fiscalía General del Estado, y que responde al perfil dibujado ayer por Mariano Rajoy, una persona "capaz", "independiente" y que "vele por el cumplimiento de la ley".

Lleva 30 años ejerciendo como fiscal y desde hace siete años está al frente de la sala que coordina los casos de menores. Madrigal no pertenece a ninguna asociación de jueces y cuenta con una experiencia dilatada como fiscal.

Laboratorio del modelo procesal

Consuelo Madrigal no tiene un perfil político muy marcado. Es de talante conservador y ha conseguido llevar a la práctica lo que siempre han deseado desde el ministerio fiscal: llevar plenamente la instrucción de los casos porque en la jurisdicción de menores la fiscalía desempeña una doble misión de tutela y prevención de los jóvenes y de represión y persecución de los delitos que cometen. En cierto modo, explican quienes conocen su trayectoria, ha sido un exitoso laboratorio de pruebas para confirmar que la fiscalía puede llevar la instrucción de los casos como proponía Gallardón en el programa del Partido Popular que no han cumplido.

200 fiscales

En este área, Madrigal nombrada en 2007 por Cándido Conde Pumpido, como responsable del área de menores, tenía bajo su supervisión a más de 200 fiscales en toda España lo que le ha permitido viajar y coordinar el trabajo y los criterios de actuación en los casos de menores con críticas muy aceptables.

En junio de 2013, Eduardo Torres-Dulce le propuso que continuara en su cargo al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores durante un nuevo periodo de cinco años. Una decisión que fue refrendada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

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Caso Interhorce

Con anterioridad, fue fiscal destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo donde mantuvo una destacada intervención en el caso Intelhorce consiguiendo la ampliación de condenas. Uno de los procesos judiciales más largos de España, que empezó en 1994 y en finalizó en 2009, y en el que estuvieron imputadas 44 personas, entre ellas, varios altos cargo del Gobierno de Felipe González investigadas por el uso fraudulento de las ayudas públicas concedidas.