Dos vocales conservadoras avalan la intervención de las comunicaciones sin orden judicial

En pleno debate sobre seguridad y libertad después de los salvajes atentados de París, dos vocales conservadores se alinearon ayer con las tesis del Ejecutivo durante el debate que celebró el Poder Judicial para aprobar el informe preceptivo sobre el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que plantea el Gobierno.

Maru Carmona y Carmen Llombart anunciaron la presentación de un voto particular por discrepar de la mayoría. Según varios vocales presentes en el pleno, las representantes elegidas a propuesta del PP consideran ajustada a derecho la posibilidad de que se puedan intervenir las comunicaciones sin autorización judicial y también que se pueda practicar la prueba de ADN a un detenido sin la presencia de su abogado. Una garantía que ha establecido en una reciente sentencia el Tribunal Supremo. La intervención de las comunicaciones sin autorización judicial solo en casos de bandas y organizaciones armadas o rebeldes que pongan en peligro la vida de las personas y simepre y cuando se comunique simultáneamente a la autoridad judicial.

Siempre según estas fuentes, el pleno introdujo algunos cambios menores al informe propuesto por los vocales Fernando Grande Marlaska, Juan Manuel Fernández y Rafael Mozo. Finalmente la posibilidad de extender la incomunicación de un detenido por delitos distintos a los de terrorismo queda suprimida. Se añade la exigencia de motivar los autos judiciales que acuerden la intervención de las comunicaciones y salió adelante la propuesta de que la ley de enjuiciamiento criminal vaya acompañada de otra norma que recoja los derechos fundamentales sujetos al proceso.