Anticorrupción exculpa al PP de fraude fiscal por el cobro de donaciones

Madrid

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha presentado su escrito de acusación en el caso de la caja b del Partido Popular. El fiscal, en contra del criterio marcado por el juez Pablo Ruz, entiende que no hay delito fiscal por las supuestas donaciones ilegales recibidas en 2008, al adherirse a la postura más favorable al PP, emitida por el último informe de la Agencia Tributaria. Ese informe establecía dos supuestos: El primero era el solicitado por el juez Ruz, y concluía que si se evaluaba el fraude sobre 888.000 euros, la cuota defraudada por el Impuesto de Sociedades ascendía a 220.000 euros, y por tanto, había delito fiscal en el Impuesto de Sociedades en 2008 –único que no había prescrito-.

Pero el perito se sacó de la manga un segundo supuesto, no solicitado por el magistrado, en el que consideraba que los gastos con dinero negro se podían deducir si eran para los fines establecidos en el objeto social del partido. En ese caso, el fraude solo llegaba a 25.000 euros, y por tanto, no alcanzaba la cuota mínima del delito fiscal.

Y el fiscal Romeral se ha acogido a ese segundo supuesto, el no solicitado por el juez Ruz y que el propio perito reconoce que es el menos ajustado a la ley, para concluir que no hay delito fiscal por la percepción de las donaciones ilegales, y que hay que exculpar al PP.

No obstante, el fiscal considera acreditada la existencia de una caja B en el PP que se nutría de donativos ilegales y desde la que se pagaron sobresueldos y parte de las obras de la sede central de esta formación política, con 1.5 millones de dinero negro entre 2005 y 2010, siempre con Mariano Rajoy en la presidencia nacional del PP.

Sin embargo, solo determina la responsabilidad civil subsidiaria del partido, y acusa de los delitos a los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a quienes pide 5 años de cárcel para cada uno por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. También acusa al exgerente del PP, Cristóbal Páez, de falsedad documental y fraude fiscal, y le pide un año y medio de cárcel. Además, reclama tres años y diez meses de prisión para el arquitecto que reformó en negro la sede del PP, Gonzalo Urquijo y para su socia, Belén García.