La Audiencia Nacional investigará a la cúpula de Banco Madrid por blanqueo
El juez Andreu admite una querella contra siete exdirectivos y la entidad y reclama a la Fiscalía Anticorrupción que le remita las diligencias acumuladas desde que fue intervenida la entidad
Madrid
El titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite la querella presentada por dos empresas clientes del Banco Madrid, Marine Instruments y Liuniaski SL, contra la filial de la Banca Privada de Andorra.
La querella va dirigida contra la propia entidad, el expresidente José Pérez, y los exconsejeros Higini Cierco, Ramón Cierco, Joan Pau Miquel Prats, Soledad Núñez, Ricard Climent y Rodrigo Achirica, porque según los querellantes, pusieron al Banco Madrid a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos obligatorios.
Según la querella, los consejeros asumieron la posibilidad de que el banco fuera utilizado para ocultar fondos de origen delictivo y ofrecieron la entidad para estos fines.
El juez la admite porque Banco Madrid podría haber causado "numerosos perjuicios a los depositantes, inversores, a la propia entidad y a la economía nacional", y reclama a la fiscalía anticorrupción que le remita sus investigaciones abiertas a raíz de la intervención de la entidad por el Banco de España, el pasado 10 de marzo.
Esta intervención se produjo después de que días antes, la Financial Crimes Enforcement Network, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, propuso actuar contra la Banca Privada de Andorra, matriz de Banco Madrid, al considerarla una institución financiera sometida a primer orden de preocupación en materia de blanqueo de capitales. En concreto, Estados Unidos acusó a la BPA de blanquear dinero procedente del crimen organizado. Entre ellos, varios conocidos de la justicia española, como el ruso Petrov, o el chino Gao Ping.
La Fiscalía Anticorrupción se personó el pasado 17 de marzo en las oficinas de Banco Madrid y procedió a un registro "consentido", descargándose una maraña con terabytes de datos sobre cuentas y operaciones bajo sospecha, que están siendo analizadas por expertos de la Agencia Tributaria y el Banco de España. Ese trabajo de la Fiscalía, que no estaba judicializado, es el que ahora reclama el juez Andreu en su auto de admisión de la querella.