Vender transparencia pero en secreto

Madrid

El Congreso de los Diputados, que ha vendido esta legislatura su esfuerzo por ser más transparente, ha resuelto a puerta cerrada la situación de Agustín Conde, diputado del PP que no informó a la Cámara de alguna de sus actividades privadas. La conclusión, aprobada por el PP, es que Conde tendría que haber informado de sus negocios pero, una vez rectificada su declaración de actividades, su descuido no tendrá consecuencias ni se le investigará. De hecho, no se investigará a nadie porque entiende el Congreso que no tiene competencias para hacerlo. A Vicente Martínez Pujalte le dan quince días para que explique los trabajos de una de sus empresas para una constructora que optaba a contratos públicos.

El presidente de la comisión, Aurelio Romero (PP), no ha querido explicar a los medios las decisiones que han tomado a puerta cerrada. "Los trabajos de la comisión son secretos, voy a cumplir como presidente e insto al resto de grupos a que lo haga", decía a la salida. Dentro, ante los representantes de los demás partidos, Romero ha leído un informe jurídico elaborado por el Congreso y que impide que se investigue si un diputado cumple o no con las compatibilidades que le son concedidas. La investigación la pedían los grupos de la oposición, que se han enterado en la reunión de que existía tal informe.

La oposición ha votado en contra del dictamen que resuelve la situación de Agustín Conde, aunque ha salido adelante con el apoyo del PP. Así ocurrirá también cuando el asunto se debata definitivamente en un pleno.

El dictamen, por lo que han explicado varios diputados, reprocha a Conde que no informara de sus actividades aunque no prevé ningún tipo de sanción por ello. Lo recordó ya el presidente del Congreso, Jesús Posada, cuando se conoció la polémica. Dijo que en ninguna parte del reglamento se contemplaban sanciones y que los diputados no están para ser "policías", así que no iban a investigar si se cumplen o no las compatibilidades. El PP considera que el sistema español es uno de los más estrictos en Europa sobre los trabajos que pueden hacer los diputados y, en efecto, la ley impide en principio cualquier actividad privada. Ocurre, sin embargo, que se abre a excepciones y cuando los diputados piden trabajar para el sector privado, los compañeros diputados que les tienen que dar el permiso se lo dan sin hacer preguntas ni pedir papeles ni comprobar si en realidad se dedican a lo que tienen permiso para dedicarse.

La comisión del Estatuto da quince días a Vicente Martínez Pujalte para que presente alegaciones y explique su situación. Pujalte, como informó El País, cobró por trabajos para una constructora que recibía dinero para la administración, como también hizo Federico Trillo.

Los representantes de PSOE, IU y PNV han lamentado que la Mesa del Congreso "vete" la posibilidad de investigar a un diputado. "Lo que le pasa a la comisión es que no tiene capacidad de actuación porque se lo impide el reglamento", resumía el nacionalista Azpiazu. El caso es que la tan reivindicada reforma del reglamento ha fracasado también esta legislatura. Todos dicen estar de acuerdo con hacer el Congreso más transparente pero lo impiden después de largas reuniones que celebran, claro, a puerta cerrada.