Aprobada la reforma del TC que permitirá suspender a quienes incumplan sus resoluciones
La proposición de ley sale del Senado para su inminente aprobación en el BOE el mismo día que Artur Mas ha prestado declaración como imputado por la consulta del 9N
El pleno del Senado que debate el proyecto de ley orgánica de reforma del Tribunal Constitucional. / Chema Moya (EFE)
Madrid
El mismo día en que Artur Mas declaraba como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Senado daba luz verde definitiva a la reforma que permitirá al Constitucional suspenderle a él o a cualquier presidente de la Generalitat que incumpla sus resoluciones en una eventual ruta hacia la independencia, y que también permitirá encomendar al Gobierno de la Nación -incluso en funciones- la ejecución sustitutoria de sus sentencias.
La proposición de ley, la última que sale del Senado en esta legislatura, ha sido aprobada con los votos en solitario del PP que ha tumbado los ocho vetos planteados por toda la oposición, así como las enmiendas presentadas al articulado. Tras su aprobación, por la vía de urgencia y el procedimiento de lectura única, el texto será publicado con carácter inminente en el BOE para su inmediata entrada en vigor, cumpliendo así el objetivo del PP de tenerla lista antes de la disolución de las cámaras.
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Sobre el debate ha planeado la sombra de la imputación de Mas en el 75 aniversario, a su vez, del asesinato del ex presidente de la Generalitat, Lluis Companys. Un paralelismo trazado por el portavoz de Convergencia, Josep Lluís Cleries, que se ha solidarizado con Mas al señalar que "esta reforma legal es un bodrio contra Cataluña y la imputación es una judicialización de la democracia y de las urnas". También la senadora de Esquerra, Ester Capella, ha acusado al PP de hacer un uso político del Tribunal Constitucional al señalar que "75 años después seguimos igual. Ya no son los militares los que se convierten en el brazo ejecutor del Ejecutivo sino una institución tan politizada y deslegitimada como el Tribunal Constitucional".
Toda la oposición ha insistido en criticar la reforma por innecesaria y electoralista, además de cuestionar la vía elegida por el Gobierno para "poner en la picota" al Constitucional trasladándole la patata caliente de una respuesta que debería ser política y no jurídica.
"Los socialistas creemos que hay que cumplir la ley, faltaría más, pero dicho esto, también le diré que con la ley no es suficiente porque en Cataluña hay un problema muy gordo pero es un problema político que requiere de una solución política. Creánme, un plato es un plato, un vaso es un vaso, y ustedes son una fábrica de independentistas", ha señalado el portavoz del PSOE, Oscar lópez.
Unos argumentos a los que ha hecho frente el portavoz del PP, José Manuel Barreiro con una encendida defensa de la soberanía nacional y el respeto al marco constitucional, en el que el PP "se siente muy cómodo", según ha señalado. Barreiro ha asegurado que el objetivo de la reforma es fortalecer el Estado de Derecho y mejorar los instrumentos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal. "Repiten ustedes que lo de Cataluña es un problema político, ¿y?, nosotros no hemos negado eso, pero olvidan un aspecto importante, los votos no permiten incumplir la ley, y tampoco en Cataluña. Los votos no permiten incumplir la ley, eso no se puede hacer", ha remachado antes los aplausos de la bancada popular.
La aprobación de esta reforma ha cerrado el último pleno de la legislatura en el Senado.
