El Gobierno recurre en el Constitucional la 'sanidad universal' de Valencia

Madrid

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto valenciano que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Autónoma de Valencia.

El Gobierno central considera que la norma valenciana que activó el nuevo ejecutivo “puede incurrir en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado”.

Hace ya unas semanas, el Ministerio de Sanidad convocó a las autoridades sanitarias a un acto de conciliación para negociar esos detalles “antes de tener que acudir al Tribunal Constitucional”, según explicaron a la SER fuentes del departamento de Alfonso Alonso.

La Generalitat valenciana rechazó públicamente esa oferta. Ante esa negativa explícita el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido llamar a las puertas del Constitucional.

Suspensión cautelar

En el caso de que el TC admita a trámite el recurso, la norma valenciana quedaría automáticamente suspendida de forma cautelar, hasta que el tribual resuelva el recurso (esto solo ocurre con los recursos que presenta la Administración Central).

Según ha explica el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros “la jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública”.

Y esas son las competencias que, según el Gobierno central se habrían invadido, porque “es el Estado quien ha aprobado la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece los requisitos para tener la condición de asegurado y de beneficiario, la cartera común de servicios y las prestaciones de salud pública”.

En resumen, “el Decreto-Ley de la Comunidad Valenciana vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad”.

Un compromiso, en punto muerto

Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha sido incapaz de fijar el criterio común que pretende imponer a todas las Comunidades Autónomas para devolver la atención primaria a los inmigrantes sin permiso de residencia.

Ese fue el compromiso que el Ministro de Sanidad alcanzó en el mes de marzo de 2015, antes de las elecciones autonómicas.

Después de ocho meses, ese compromiso sigue en el aire.