“El papa Francisco quiere que el proceso termine rápido”
Por primera vez desde la abolición de la censura eclesiástica al término del Concilio Vaticano II, el Promotor de Justicia (fiscalía general) del Estado de la Santa Sede procede en vía penal contra dos periodistas extranjeros (italianos) por presuntos delitos cometidos en otro Estado (Italia)
Roma
En la audiencia preliminar a los interrogatorios, que se iniciarán el lunes 30 de noviembre, el Tribunal del Vaticano ha presentado cargos contra los periodistas Gianluigi Nuzzi (Grupo Mediaset) y Emiliano Fittipaldi (Grupo L’Espresso) por revelación de documentos reservados en sus últimos libros Via Crucis y Avarizia, editados en Italia y de próxima aparición en España, entre otros muchos países. Tras la última reforma de la jurisdicción de los órganos judiciales, que el papa Francisco impuso con un motu propio en el 2013, tal delito está penado con hasta 8 años de reclusión.
El colegio de cuatro magistrados, presidido por el profesor de derecho canónico, Giuseppe Della Torre, ha rechazado los abogados habituales de los periodistas y les ha asignado defensores de oficio autorizados en sede apostólica. Además, ha desestimado un recurso de anulación del juicio por insuficiente precisión de cargos, presentado por Fittipaldi, y ha ignorado las protestas de indefensión por la falta de tiempo para preparar la defensa ante imputaciones hasta este martes desconocidas. En un inexplicable proceder, la magistratura vaticana solo les ha permitido consultar el sumario, cuya entrega para el estudio defensivo les ha sido negada.
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En el banquillo de los acusados de la pequeña sala de audiencias del Tribunal del Vaticano se sentarán también tres exempleados de la extinta comisión investigadora de las finanzas (COSEA), creada por el papa. Son el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo, antiguo responsable de poner orden en las cuentas económicas del Vaticano, en prisión preventiva desde el pasado 1 de noviembre; su secretario Nicola Maio y su asistente en relaciones públicas Francesca Chaoqui. Deberán responder a los presuntos robo y difusión de secretos de estado que les atribuye la investigación de la Gendarmería.
Los fiscales exigen a los periodistas que desvelen sus fuentes
El Promotor de Justicia, Gian Piero Milano, ha negado que la intención de la fiscalía vaticana sea golpear la libertad de prensa. Por su parte, el adjunto, Roberto Zanotti, ha precisado que “los periodistas acusados deben explicar cómo han obtenido la documentación reservada”. Ha añadido que no se les juzga por la información publicada sino por cómo la han conseguido.
Gianluigi Nuzzi: “Culpan a periodistas y no a los responsables de la Curia”
El autor de Via Crucis está convencido que “el proceso pretende desviar la atención de los escándalos financieros que los periodistas han desvelado, y nunca han sido desmentidos, porque resultan embarazosos para una casta privilegiada que no quiere perder sus privilegios”. Gianluigi Nuzzi ha reiterado que no desvelará sus fuentes al Tribunal porque es un derecho es fundamental de los principios deontológicos de la profesión periodística. “Sólo puedo decir que, por suerte, las fuentes son diversas y que desde hace años me cuentan aquello que no funciona en el Vaticano”. Ha asegurado que no ha cometido ningún delito. “Simplemente he hecho mi trabajo, como haría cualquier periodista del mundo ante la posibilidad de informar de un monumental embrollo económico”. El periodista considera que el proceso es expresión de una Iglesia oscurantista “que nada tiene que ver con el claro mensaje de dulce revolución que el papa describe cada día”.
Emiliano Fittipaldi: “El Vaticano, un estado sin libertad de prensa”
Por su parte, el autor de Avarizia ha criticado que la legislación vaticana no solo excluya la libertad de prensa sino que la penalice con hasta 8 años de cárcel. “No somos mártires, somos periodistas. Es un proceso absurdo y kafkiano, un ataque a la libertad de prensa”. Emiliano Fittipaldi se muestra incrédulo. “Basarse en documentos confidenciales para informar de fechorías de los potentes es la esencia de nuestro trabajo periodístico. Es comprensible el embarazo del Vaticano porque no ha podido desmentir absolutamente ninguna de las informaciones publicadas”.
Ángel Vallejo: “El papa Francisco quiere que el proceso se resuelva rápido”
Detenido el 1 de noviembre pasado, el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo ha comentado que “está bien y le tratan bien en prisión”. El Papa emérito Benedicto XVI le encargó el estudio de la reforma de las finanzas vaticanas y, después, el papa Francisco la investigación de las irregularidades contables. Durante meses exigió las cuentas a los diversos departamentos del Estado, a menudo reticentes a entregárselas, e informó directamente al pontífice de las conclusiones de sus pesquisas, con nombres y apellidos. Se creó enemigos, con nombres y apellidos notables. Está acusado del robo y difusión de la documentación reservada en la que trabajaba y de asociación para delinquir. No era el único documentado sobre la ingeniería financiera y, sin embargo, aparece como el perfecto chivo expiatorio. En las últimas tres semanas de cárcel ha contado con tres abogados, dos de los cuales ya han renunciado a su defensa. Ante un proceso judicial aceleradísimo no ha dudado, según ha comentado en la sala de audiencias, que “el Papa Francisco quiere que se resuelva rápido”.
Reacciones de la prensa internacional
Los corresponsales extranjeros en Italia han manifestado “fuerte preocupación por el procesamiento de los dos periodistas italianos en el Vaticano”. El Consejo Directivo de la Stampa Estera ha recordado que “la declaración de Derechos del Hombre, la Convención Europea y de las libertades fundamentales contemplan no solo la libertad de religión –a menudo reclamada por la Iglesia Católica- sino además la libertad de expresión. La Convención dice expresamente que tal derecho incluye la libertad de opinar, recibir y dar información sin interferencia de las autoridades y sin fronteras”.
Por otro lado, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) ha solicitado al Vaticano que retire las imputaciones contra los periodistas y ha pedido que respete el derecho a la libertad de prensa. Su responsable de Medios de Comunicación, Dunja Mijatovic, ha reiterado “que los periodistas deben tener la libertad de informar sobre temas de interés público y el derecho de proteger a sus fuentes confidenciales”.
La prisión del Vaticano se queda pequeña
La pequeña ciudad-estado, de apenas 900 residentes, tiene el mayor número de policías del mundo por habitante: 275 gendarmes, guardias suizos y agentes de paisano, uno por cada 30 residentes. Sin embargo, incluso las arañas tejen sus redes de caza en la sala de audiencias ante el escaso número de procesos penales. Por el contrario, la prisión vaticana está generalmente al completo porque solo dispone de dos celdas. De dictarse varias sentencias de condena en los procesos en curso, la pequeña ciudad-estado deberá ampliar esta prisión. En los últimos tres años el número de sus inquilinos laicos ha ido aumentando.
El mayordomo Paolo Gabriele permaneció encerrado 60 días antes de concedérsele el arresto domiciliario. Fue condenado a 18 meses de reclusión por apropiación de documentos, si bien su delito parecía mucho más una simple dejación de sus responsabilidades laborales. Quizás por ello Benedicto XVI le concedió la gracia. Sigue empleado en el Vaticano.
Por las dos celdas han pasado las nudistas de Femen, que desafiaron al frío de Navidad hace un año y se llevaron del belén de la plaza de San Pedro la figura del niño Jesús. De hechos "muy graves", los calificó el director de la Oficina de Prensa, Federico Lombardi. Pero la Fiscalía no presentó acusación alguna contra ellas y se decretó su libertad pocas horas después.
Descendió también a las mazmorras vaticanas el empresario Marcello Di Finizio. Tras escalar cuatro veces la cúpula de San Pedro con equipo de alpinismo, como protesta por la normativa europea en materia de baño público, a la quinta ascensión fue reducido por los gendarmes y encerrado. Pocos días después, el Tribunal decretó su expulsión del Estado, le prohibió su regreso y el acceso a los lugares extraterritoriales de la Santa Sede.