Domingo, 16 de Mayo de 2021

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CASO SAN ANTONIO

Alfonso Alonso y Javier Maroto, condenados por el 'caso San Antonio'

Durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, el Consistorio firmó un contrato de alquiler con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado

El contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales

Fuentes del PP quitan importancia al fallo por el carácter contable del procedimiento y recuerdan que las diligencias penales del asunto fueron archivadas

Alfonso Alonso saluda a Javier Maroto, en una imagen de archivo.

Alfonso Alonso saluda a Javier Maroto, en una imagen de archivo. / EFE

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al resto del gobierno municipal de Vitoria en 2007 por un "perjuicio" de 393.862 euros causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado, el conocido como caso San Antonio.

El departamento primero de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, presidido por la magistrada María Antonia Lozano, ha considerado que existen responsabilidades contables derivadas de la firma de un contrato firmado en 2007, con Alonso como alcalde y Maroto como concejal de Hacienda de Vitoria, con el empresario Gonzalo Antón.

Extracto del fallo del Tribunal de Cuentas. / Cadena SER

El contrato obligaba al Consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

Fuentes del PP anuncian a la Cadena SER que recurrirán y restan importancia a la resolución porque las diligencias penales del asunto fueron archivadas.

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