ERC lleva a Fiscalía a Fernández Díaz y a De Alfonso por sus conversaciones
Solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación sobre unos hechos de "una irregularidad palmaria", que podrían ser constitutivos de "delitos contra la Administración Pública
Oriol Junqueras, president de ERC, en un acto de campaña / Julià N. (ACN)
Barcelona
ERC ha llevado a la Fiscalía de Barcelona este jueves el caso de las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso. Lo ha anunciado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante un mitin en Barcelona, donde ha celebrado que el partido no ha sufrido ningún caso de corrupción en sus 85 años de historia: "No hay nada que encontrar. Lo han buscado todo y no han encontrado nada".
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La denuncia considera que la literalidad de la conversación demuestra la intención de los interlocutores de promover investigaciones prospectivas sobre determinadas personas por "su adscripción política pública o su relación familiar con políticos", sin vinculación aparente con la existencia de indicios delictivos.
En la conversación, Fernández y De Alfonso hablan de posibles elementos incriminatorios contra determinadas personas que la Oac podía estar investigando, "pero se insiste en la necesidad de someter a personas determinadas a una investigación exhaustiva en la búsqueda de cualquier elemento" que pueda poner en duda su honorabilidad, considera ERC. "Se hace referencia a la instrumentalización de investigaciones para afectar la agenda política e impedir, por ejemplo, que se concretara un acuerdo de coalición electoral", detallan, refiriéndose al presunto intento de impedir que se materializara JxSí.
Los republicanos también ven "uso de recursos privados a iniciativa del jefe de la Oac para la investigación extraoficial de sospechas sobre determinadas personas", ya que no se cumplían --a su entender-- los supuestos legales para iniciar una investigación oficial y pública. Así, creen que se vulneran los artículos 404, 417 y 418 del Código Penal por actos arbitrarios de funcionarios públicos, divulgación de informaciones secretas y ejercicio de influencias entre funcionarios.
