¿Una legislatura para la frustración?

Madrid

Si, como parece, Mariano Rajoy logra la investidura, España pasará de su etapa de interinidad más prolongada a otra de inédita inestabilidad parlamentaria. Será el Gobierno más débil de la democracia, con 137 diputados y con socios, a lo sumo, ocasionales. Más que gobernar la legislatura, el PP tendrá que sobrellevarla y no está claro que el Gabinete resista cuatro años en esas condiciones.

El centro político del país pasará al Congreso de los Diputados –algunos hablan de "gobierno parlamentario" aunque la Constitución ni contempla esa opción ni se hizo pensando en ella– y la oposición tendrá a su alcance no sólo la posibilidad de derogar las leyes más controvertidas del anterior Ejecutivo de Rajoy, sino que podría imponer reformas a un Gobierno contrario a ellas. Para eso, sin embargo, se requiere la oposición, tan fragmentada, sea capaz de llegar a acuerdos. La legislatura quedará abocada al diálogo o al fracaso, con poco margen para aprobar las reformas necesarias y cuya prioridad será sacar adelante los presupuestos generales. Será difícil que dure cuatro años, advierten muchos analistas. Y también buena parte de los diputados, sometidos al realismo parlamentario.

El PP tendrá que abrirse a negociar tras una legislatura de mayoría absoluta que concitó unanimidades en su contra. Ahí están la ley educativa, la reforma laboral o la llamada 'ley mordaza'. Por si acaso, el Partido Popular prueba ya con los mecanismos (pocos) que tiPOene a su alcance para frenar las reformas que los demás quieran imponerle. El único eficaz es vetar aquellas proposiciones de ley de la oposición que impliquen un aumento del gasto público, sobre el que, Constitución en mano, sólo puede disponer el Ejecutivo.

El Ejecutivo de Rajoy ha vetado ya diez de esas proposiciones, formuladas por PSOE, Ciudadanos y tres parlamentos autonómicos. Pero incluso está por ver que este recurso –que Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero usaron más de cien veces– vaya a resultarle eficaz a Rajoy. El Congreso, cuya mesa está ahora en manos de la oposición, está decidido a ignorar al menos alguno de esos vetos, lo que nos abocaría a otro conflicto institucional entre el Parlamento y el Ejecutivo, enfrentados ya en el Constitucional porque el Gobierno no se deja controlar por las Cortes con el argumento de que están en funciones.

Es verdad que el PP dispone de otro mecanismo a su alcance, que es la mayoría absoluta del Senado, aunque resulta incluso más limitado que su capacidad de veto. La Cámara Alta permitiría como mucho al PP ralentizar las aprobaciones de las leyes. Aquí, la última palabra la tiene siempre el Congreso. Le quedaría a Rajoy, eso sí, la llave definitiva y que le pertenece únicamente a él: sólo el presidente del Gobierno puede disolver las Cortes y amenazar con las elecciones anticipadas.

El fin de la legislatura

"Vamos a tener que sacar a relucir aspectos de la Constitución que han tenido polvo encima en estos cuarenta años", anticipa Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. "Si la oposición parlamentaria pretende llevar la iniciativa vamos a estar con pólvora mojada y nada llegará a buen puerto. Toda iniciativa será abortada y quedará en un anuncio, en mera campaña electoral permanente". La situación no es más favorable para el Gobierno: "El Ejecutivo tiene que aprobar una ley todos los años: los presupuestos. Ahí es donde debe poner toda la carne en el asador. Si consigue sus presupuestos –aunque sea prorrogados a principios del año que viene– y supera los del año que viene, probablemente sea el fin de la legislatura".

"Los presupuestos son el objetivo económico del Gobierno", prosigue el profesor. "Todo lo demás, en este parlamento tan fragmentado, sólo tiene una opción: que se pongan a hacer política y alcancen acuerdos que ahora mismo parecen impensables".