La minoría progresista alerta de la erosión del Estado Autonómico

Madrid

La minoría progresista del Tribunal Constitucional ha venido alertando en sus votos particulares de la “erosión” del derecho autonómico y del “vaciamiento” de competencias de las Comunidades Autónomas en favor del Estado. La última muestra será la sentencia que levanta la prohibición de los toros en Cataluña, que aún no está redactada, y que va a contar con tres votos particulares. Toros al margen, hay muchos otros ejemplos que han puesto de manifiesto esta deriva en los votos particulares que llevan la firma de los magistrados Juan Antonio Xiol, Adela Asúa y Fernando Valdés.

El Tribunal Constitucional anuló el decreto de la Generalitat de Cataluña que prohibía cortes por impago del recibo de la luz a familias en riesgo de exclusión. La vicepresidenta del tribunal de garantías, Adela Asúa, dijo en su voto particular que “solo el ejercicio constitucionalmente legítimo de la competencia estatal puede cerrar el paso a la legislación autonómica cuando entre en contradicción insalvable” pero no lo pueden cerrar, añadía, “los silencios u omisiones” porque supondría “una atribución de intenciones al Estado no solo insostenible, sino también incompatible con la función de la jurisdicción constitucional”. Asúa defiende la potestad de las autonomías para establecer una regulación “diferente” de la estatal porque ello no supone “una contravención insalvable de la norma básica del Estado”.

Desahucios en Andalucía

El Tribunal Constitucional también anuló la ley antidesahucios de la Junta de Andalucía. En su voto particular, Juan Antonio Xiol, señaló que la norma se enmarcaba en el “legítimo ejercicio de las competencias autonómicas en materia de vivienda” y que “no cabe convertir el artículo de la Constitución que reserva en exclusiva al Estado las líneas generales de la planificación económica en una fórmula para vaciar de competencias a las Comunidades Autónomas”. En la misma línea, Fernando Valdés, advirtió de que la Constitución no establece “una cláusula de cierre que permita en época de crisis modificar el alcance de las competencias del Estado en detrimento de las Comunidades Autónomas”. Adela Asúa calificó de “preocupante” la decisión de la mayoría porque permite al Estado “imponer de modo excluyente la solución de un problema social o económico”. La sentencia, escribió la vicepresidenta, “aporta un nuevo constreñimiento de las competencias autonómicas que se añade a una serie ya excesiva de pronunciamientos recientes que si no se corrigen terminarán redundando en una grave erosión y distorsión del sistema de distribución de competencias”.

El diseño de Tomás y Valiente

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Pero hay más ejemplos. El tribunal de garantías anuló la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Valenciana y Juan Antonio Xiol aseguró en su voto discrepante que esta decisión “supone esterilizar y convertir en yermos, preceptos de sustancial importancia del Estatuto de Autonomía que forma parte del bloque de constitucionalidad”. La ley que prohibía el fracking en Cantabria también quedó en papel mojado y los tres magistrados progresistas aseguraron que la mayoría adoptaba “un enfoque por completo inusual cuya generalización produciría importantes consecuencias”. Y un último voto particular de Adela Asúa en el caso de la ley de estabilidad presupuestaria en el que llegó a citar a uno de los grandes constitucionalistas españoles al poner por escrito que el tribunal “abandonaba una línea jurisprudencial que se remonta a la sentencia sobre la LOAPA que conformó el diseño del Estado Autonómico como puso de manifiesto don Francisco Tomás y Valiente hace más de dos décadas”.