Reforma constitucional, ¿una opción real o un ejercicio de voluntarismo?

Madrid

El PP siempre se ha mostrado reacio a abrir la posibilidad de modificar la Constitución. El propio Mariano Rajoy, sin ir más lejos, despachaba así hace un par de años a quienes planteaban cambiarla. “Si algún partido político cree que todo se arregla modificando algunos artículos de nuestra Carta Magna que nos diga exactamente qué es lo que quiere hacer. No es momento de sacarse conejos de la chistera”, afirmaba Rajoy.

Sin embargo, el PP ya no tiene mayoría absoluta. La aritmética parlamentaria ha cambiado y ahora son varias las formaciones que abogan por cambiar la Constitución. De hecho, el Gobierno también ha cambiado el tono. “Si el consenso guía nuestros trabajos, acertaremos”, apuntaba la semana pasada en el Congreso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Así que, por primera vez, se abre una opción real de -al menos- intentar una reforma de la Constitución.

Las dos reformas de la Constitución

La Constitución, que este martes cumple 38 años de vida, sólo ha sufrido dos pequeños retoques y ambos por exigencias europeas. El primero, que fue aprobado por unanimidad en 1992, se hizo para permitir el voto de los ciudadanos comunitarios en elecciones municipales. El segundo y último, mucho más conocido y controvertido, se llevó a cabo en 2011, en pleno azote sin piedad de la crisis. El famoso artículo 135. Llegó cargado de polémica porque se gestó en cuestión de días -entre PSOE, que entonces gobernaba, y PP- por exigencia de los países del núcleo de la Unión Europea. Se hizo para limitar el déficit y sacralizar en la Constitución la estabilidad presupuestaria.

Esta reforma se aprobó con 316 votos a favor de PSOE y PP. Nacionalistas vascos, navarros, gallegos y catalanes no votaron o se ausentaron, así como IU, que pidió, sin éxito, una consulta a la ciudadanía para aplicar este cambio. Incluso el PSOE, años después, cuestiona esa enmienda que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para frenar el rescate de España. Pedro Sánchez hace dos años hablaba de error. “Fue uno de los principales errores que hemos cometido y tenemos que reconocerlo y corregirlo”, señalaba el entonces líder de los socialistas.

Aunque Pedro Sánchez ya no es secretario general, el PSOE sigue pensando que hay que cambiar la redacción de ese artículo. El portavoz socialista en la comisión constitucional, Gregorio Cámara, explicaba en qué sentido: "El principio de estabilidad presupuestaria tiene que estar contrapesado por un principio de estabilidad social para dotar de realidad y efectividad, incluso en situaciones de crisis, a los derechos sociales, a los servicios sociales, a las prestaciones sociales".

Nunca antes como ahora hubo un parlamento tan complicado para conformar mayorías (no hay más que ver lo que nos ha costado formar gobierno, casi un año) pero a la vez nunca antes hubo un parlamento tan predispuesto a modificar una norma que, en su día, abrió las puertas a la democracia y logró un enorme consenso.

Las asignaturas pendientes

Hoy por hoy, aquella cuasi unanimidad de 1978 está muy lejos de repetirse. La Constitución, 38 años después, ha demostrado sus ineficacias para hacer frente a algunos problemas de los nuevos tiempos. La igualdad entre hombre y mujer, el reparto de competencias, los privilegios de determinada confesión religiosa, el encaje territorial de algunas comunidades autónomas; las funciones del Senado o el capítulo de los derechos fundamentales donde no se incluye la sanidad, por ejemplo, son asignaturas pendientes de una reforma para la que el actual Congreso de los Diputados parece estar preparado y dispuesto, pero más dividido que nunca.

En la Cadena SER hemos repasado algunas de las asignaturas pendientes de la reforma Constitucional con los partidos que deberán estudiar, discutir y aprobar los cambios. El principal problema por resolver -y que, como van a comprobar, tiene difícil solución- es el encaje territorial.

La Constitución establece la indisoluble unidad de la nación española, pero algunos grupos (como Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes) defienden incorporar a la Carta Magna el derecho de autodeterminación. Pablo Iglesias lo defendía en público en la campaña electoral de hace un año. “El derecho a decidir puede ser el derecho a decidir quedarse también. Ya está bien de imposiciones. Yo no quiero que Cataluña se vaya de España pero quiero escuchar a los ciudadanos catalanes”, apuntaba Iglesias.

El derecho a decidir básicamente significa que si una comunidad vota unilateralmente su independencia dejará de formar parte de la nación española. Esta propuesta es, a simple vista, el escollo casi insalvable que aparece en el horizonte de una reforma constitucional que aspire al máximo consenso. No hay más que escuchar a Francisco Martínez, portavoz popular en la Comisión Constitucional. “El derecho de autodeterminación se explica por unas circunstancias históricas en la época de la descolonización y evidentemente no es el caso y no procede de ninguna manera”, señala.

Por su parte, el PSOE propone que la Constitución recoja un modelo federal de España que incluya la aceptación de determinados hechos diferenciales en algunas autonomías con las competencias derivadas de ese hecho. Hace dos años, la presidenta andaluza, Susana Díaz, defendía así la necesidad de ese modelo. “La letra del título octavo del Constitución es letra muerta porque se elaboró en un momento distinto a este, anterior. En el momento de acceso a la autonomía y hoy necesitamos otra letra que de salida a las necesidades que tienen las CCAA que tiene que ser ese modelo federal. Esa es la respuesta que nosotros necesitamos”, defendía entonces la presidenta andaluza.

El PP no termina de ver claro ese modelo, cree que está por definir y a la Generalitat de Cataluña, esa propuesta le parece insuficiente por un lado y tardía por otro porque como nos apunta la coordinadora general del Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia, Marta Pascal, en Cataluña ya están en otro momento: "Estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo. Podría ocurrir que esa nebulosa sobre una posible reforma constitucional sea eso. Que dejen de hacer gestos, que hagan cosas concretas y tengan en cuenta de que estamos en esta fase del proceso".

Pensiones, Sanidad o Corona

Hay otros cambios constitucionales pendientes sobre los que, a priori, puede resultar más fácil alcanzar consensos aunque también haya discrepancias: por ejemplo, constitucionalizar el derecho a la pensión, a la sanidad y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Podemos y PSOE coinciden en la necesidad de incorporar al capítulo de derechos fundamentales de la Constitución la sanidad o las pensiones, además de introducir en la norma la ley del matrimonio homosexual que avaló el Tribunal Constitucional al rechazar el recurso del PP. Los populares creen que son derechos fundamentales ya consagrados que no es necesario poner por escrito en la Carta Magna aunque tampoco se cierran a estudiarlo.

Donde el acuerdo es total es en eliminar la prevalencia del varón en la sucesión de la corona. El PP comparte desde hace tiempo la idea de eliminar ese anacronismo de una Constitución que prohíbe la discriminación por razón de sexo y, sin embargo, establece que la prevalencia del hombre sobre la mujer en el capítulo dedicado a la sucesión de la Corona.

Respecto al modelo de Estado: monarquía parlamentaria o república, la Constitución establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Ningún partido ha abanderado la defensa de un cambio en esta situación, aunque el debate que ahora se abre podría incorporar este asunto. Antes de convertirse en la tercera fuerza parlamentaria, representantes de Podemos sí abogaron abiertamente por un referéndum sobre monarquía o república porque consideraban la primera un anacronismo, pero posteriormente es un debate en el que no han querido entrar. Han llegado a decir que no tenían un pronunciamiento claro al respecto en la formación porque no era un asunto urgente para la ciudadanía.

Sobre los aforamientos, los partidos, de manera casi unánime, están a favor de eliminar esas prerrogativas para los políticos, para lo que sería necesaria una reforma constitucional. El exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en su día que el Gobierno del PP tenía la intención de eliminar los aforamientos, y admitió que sería necesaria una reforma constitucional para abordar esa medida.

Otro de los asuntos más polémicos es el de los privilegios de la iglesia católica. Aunque España se reconoce como un Estado aconfesional, la redacción de la Constitución recogió un cierto privilegio para la Iglesia Católica a través de un texto ambiguo. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Ahora, algunos partidos quieren eliminar ese privilegio de la Constitución y otros defienden incluso la derogación del Concordato que establece un trato de favor hacia la Iglesia Católica. Esta es la radiografía de la situación actual de los puntos de partida de los distintos partidos ante una eventual reforma constitucional. El PSOE quiere iniciar pronto los trabajos en una subcomisión del Congreso. El PP no tiene tanta prisa. Las posturas de unos y otros son tan dispares en asuntos nucleares que cualquier cambio que aspire a lograr el consenso de 1978 está abocado al fracaso.