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ACCIDENTE DEL YAK-42

El Consejo de Estado considera a Defensa responsable del accidente del YAK-42

El dictamen cita a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas

Federico Trillo, entonces ministro de Defensa, visitó el lugar del accidente del Yak-42 en 2003. / MUSTAFA OZER/AFP/Getty Images)

Madrid

El accidente ocurrió en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en él murieron 62 militares españoles que regresaban de la misión en Afganistán. Ahora el Consejo de Estado ha responsabilizado por primera vez al Ministerio de Defensa del siniestro del Yak-42 en un dictamen en el que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe

El dictamen cita a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas.

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"Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

El Consejo de Estado considera que el Estado fue patrimonialmente responsable basándose en hechos probados por la Audiencia Nacional que sin embargo archivó en 2012 el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte .El dictamen recuerda que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos, tras 22 horas de vuelo, y el hecho de que no hubieran recibido formación para afrontar este tipo de situaciones, lo que les llevó a desorientarse y estrellar el avión contra el monte Pilav, cuando se disponían a hacer escala en Trabzon (Turquía).

Aunque desde Defensa siempre se escudó en que la responsabilidad recaía sobre la agencia NAMSA (dependiente de la OTAN) con la que se contrataron los vuelos el Consejo de Estado recuerda que la legislación española obliga al Estado a comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas "especialmente en actividades de riesgo".

No obstante, el Consejo de Estado rechaza indemnizar a las familias de las víctimas por considerar que las sumas satisfechas en los últimos 13 años han supuesto una reparación ajustada.

Desde el ministerio de Defensa un portavoz ha asegurado a la SER que el departamento ha de estudiar el texto en profundidad antes de pronunciarse sobre el alcance del dictamen.

Mariela Rubio

Mariela Rubio

Redactora de la sección de Política. Cubre la información del Partido Popular. Anteriormente fue redactora...

 
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