Los disparos al corazón financiero del PP
Luis Bárcenas deberá defenderse ante el tribunal de los ataques de varios imputados a las prácticas corruptas del partido
El exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas llega a la sede de la Fiscalía Anticorrupción, en una imagen de archivo. / Emilio Naranjo (EFE)
Madrid
Luis Bárcenas, procesado en el caso Gürtel por los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal, intentará rebatir las acusaciones que le han disparado algunos de los principales imputados en esta causa, entre ellos el cabecilla de la red, Francisco Correa; el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y el empresario Alfonso García-Pozuelo.
Todos han relatado ante el tribunal que juzga el caso que desde el Partido Popular se ordenaron adjudicaciones de contratos a empresas que pagaban mordidas a cambio, algunas de las cuales acabaron financiando a la formación conservadora.
Bárcenas no tiene que hablar de la caja b que gestionó durante 20 años y en la que ingresó cerca de 8 millones de euros de donativos de varias decenas de contratistas de la administración pública. Sólo deberá responder de las acusaciones relacionadas con el caso Gürtel, una trama corrupta instalada en múltiples administraciones públicas gobernadas por el PP.
<p>La investigación ha reunido suficientes pruebas de que el pillaje no habría sido posible sin la connivencia de decenas de cargos públicos del PP</p>
Petición fiscal de 42,5 años de cárcel
Barcenas se enfrenta a una petición fiscal de 42,5 años de cárcel. El principal acusado, Francisco Correa, le acusó de intermediar en nombre del partido para que distintas empresas lograrán contratos multimillonarios de distintos ministerios durante el Gobierno de José María Aznar. A cambio, según Correa, estás constructoras pagaban comisiones al PP.
Durante la instrucción del caso Gürtel, y posteriormente de la pieza separada abierta a raíz de la publicación en El País de los papeles de Bárcenas, los jueces no pudieron acreditar que las donaciones ilegales que hacían las constructoras estuvieran relacionadas con la adjudicación de contratos de administraciones gobernadas por el PP. Eso provocó que el juez acabara archivando las actuaciones contra los empresarios y retirándoles la imputación.
Ahora, Bárcenas deberá responder al tribunal sobre su supuesta intermediación para que distintos ministerios del Gobierno de José María Aznar beneficiarán a determinadas empresas contratistas de la administración.
Las constructoras a las que acusó Correa de estas prácicas desmintieron a través de comunicados que pagarán comisiones ilegales al PP a cambio de obras pública de la administración central.
No es el único testimonio del que tendrá que defenderse el extesorero Bárcenas. El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, para el que se piden 50 años de cárcel, también declaró en el juicio que quien fuera jefe de Bárcenas, el también extesorero Álvaro Lapuerta, le dio indicaciones para beneficiar a determinadas empresas. Las que el exalcalde citó ante el tribunal aparecen como donantes en la caja b del PP.
La denuncia del exalcalde de Majadahonda no puede ser contrastada por Lapuerta dado que ha sido excluido del proceso judicial y se ha archivado la causa abierta contra él por "demencia sobrevenida".
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Bárcenas ha declarado en varias ocasiones ante el juez que nunca ordenaron a alcaldes o altos cargos del PP que amañasen contratos a favor de empresas donantes del partido sino simplemente que recibieran a los empresarios.
Por último, el empresario Alfonso García-Pozuelo, el único que ha admitido el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos en diferentes ayuntamientos gobernados por el PP, declaró en juicio que parte de esas mordidas iban para los "organismos centrales" de la formación conservadora.
