Internacional
Sahara Occidental

El juicio de Gdeim Izik, una excusa para debatir sobre la territorialidad del Sáhara

El primer juicio civil a activistas saharauis en Marruecos continúa tras una audiencia el lunes en la que se debatió sobre la forma y no acerca de los hechos ocurridos en el campamento de Gdeim Izik en 2010 y las condenas de 2013 a 25 saharauis

Familiares de los detenidos y activistas saharauis se manifiestan fuera del tribunal. / S.M.

Rabat

La Corte de Apelación de Primera Instancia de Rabat-Salé acogió el lunes la segunda audiencia del juicio civil a 24 saharauis condenados tras el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik en El Aiún, capital del Sáhara Occidental, en noviembre de 2010.

El juicio continua este martes tras una audiencia interrumpida por público, familiares de los presos y las víctimas; y suspendida incluso a media mañana del lunes por el comportamiento de uno de los tres abogados franceses de la defensa de los detenidos. El letrado acudió a la sala con una tablet cuando el artículo 103 permite prohibir cualquier dispositivo para tomar fotografías durante el proceso, y así lo habían solicitado los familiares de las víctimas.

Cuatro horas después del comienzo, el juez todavía no había conseguido el primer paso del macrojuicio, identificar a los 24 presos detenidos desde 2010; tres de ellos en libertad. En la sala faltaba Mohamed El Ayoubi, que permanece ingresado en una clínica de El Aaiún con un tratamiento de diálisis. El juez concedió a la defensa el aplazamiento de su proceso hasta el 13 de marzo.

"Estos dos días se van a debatir solamente cuestiones procesales de forma; pero el juicio con declaraciones de los inculpados, de las víctimas, la actuación de los abogados y el análisis de pruebas, creo que va a ser un poco más adelante, en febrero, y posteriormente el tribunal necesitará un periodo de reflexión para fundamentar la sentencia", adelantó a la SER, Lorenzo Peñas, el único abogado español, que representa a las familias de las víctimas.

Familiares de los detenidos y activistas saharauis se manifiestan fuera del tribunal. / S.M.

Estos dos días solo se discute la legitimidad del tribunal porque se plantea un problema de competencia territorial. Los detenidos al no considerarse marroquíes no tienen en cuenta a los tribunales del país. También cuestionan la legitimidad de un proceso civil dentro de un proceso penal con comparecencia de las víctimas, que hasta la reforma constitucional del 2011 no podían estar presentes en un juicio.

Los 23 detenidos presentes, "en pie desde la 4 de la madrugada" según indicó uno de sus abogados, comparecieron coreando eslóganes a favor de la autodeterminación del Sáhara, defendiendo al "pueblo saharaui" y al "Polisario". Sus familiares secundaron los cánticos y algunos también lucieron melfas y daraa, la vestimenta propia del pueblo saharaui. A diferencia del juicio militar de 2013, los familiares de las víctimas respondieron, y se pudo ver al menos una bandera marroquí blandiendo en el aire. El magistrado les permitió que "se desahogaran" durante unos minutos antes de comenzar el juicio.

En el Tribunal de Salé se han habilitado dos salas con pantallas de televisión gigantes que permiten seguir el juicio a los observadores internacionales y periodistas de diferentes países. Así mismo cuentan con traducción "no oficial", según hizo constar el juez, del árabe al inglés, francés y español.

Los familiares reclaman indemnizaciones

Abdelmayid Atertour tenía 23 años, era gendarme y murió el 9 de noviembre de 2010 en un atropello al intervenir en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, donde el pueblo saharaui pedía mejoras sociales y civiles, así como un referéndum para la autodeterminación del Sáhara.

En esta ocasión las víctimas pueden solicitar una indemnización por los daños sufridos. Su padre Driss, y su madre, Naima, reciben cada uno 650 dírhams (algo más de 65 euros) al mes desde 2011 porque perder a Abdelmayid, uno de sus 9 hijos que es considerado un mártir de Marruecos. Driss explicó a la SER sentado en uno de los bancos, "no quiero venganza, solo que nos ayuden económicamente y que alguien me escuche". Conduce un taxi en Taza desde 1983, pero tiene otros 8 hijos y solo el mayor trabaja. También es policía.

A pesar de presenciar el juicio, "los familiares de las víctimas no pueden ejercitar sus derechos como parte civil porque no revocaron antes la sentencia del tribunal militar", según explicó a este medio Juan Francisco Soroeta, profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco, que acudió a todas las vistas como observador. Sin embargo, fuentes de interior confirmaron a la SER, que les "permitirán participar a las familias aunque no se tendrá en cuenta en el veredicto".

El 16 de febrero de 2013 el Tribunal Militar de Rabat acusó a 25 saharauis, uno de ellos refugiado en España actualmente, de "integración en banda criminal, violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, injerencia en la seguridad interna y externa del Estado y mutilación de cadáveres". El 8 de noviembre de 2010 en el desmantelamiento del campamento de 20.000 saharauis en jaimas -las tiendas de campaña saharauis- fallecieron 11 agentes marroquíes y dos civiles, y hubo decenas de heridos, según las autoridades marroquíes.

Familiares de los detenidos y activistas saharauis se manifiestan fuera del tribunal. / S.M.

Desde entonces y en prisión, los 24 detenidos han demandado un nuevo proceso judicial y su liberación. Ese macrojuicio, considerado el último gran proceso al independentismo saharaui, fue criticado por la falta de pruebas contra los acusados. "Solo tienen las confesiones ante la policía, que denunciaron fueron hechas bajo tortura", recuerda Soroeta.

El 27 de julio de 2016, la Corte de Casación de Marruecos anuló, por la presión de las organizaciones internacionales de derechos humanos, la condena dictada por el tribunal militar con penas desde los 20 años hasta la cadena perpetua para cinco de los 25 saharauis. El juicio civil fue aplazado el 26 de diciembre por la ausencia de uno de los detenidos al encontrarse enfermo.

Los letrados de ambas partes solicitan "un juicio justo" y en eso se ha quedado la sesión del lunes 23 de enero, en los preliminares, en discutir la forma. Fuera del tribunal, además de grupos defensores del plan de regionalización de Marruecos, se concentraron activistas saharauis legendarios, como Mohamed Dadach. El Mandela del Sáhara pasó más de 23 años en prisión y recibió del líder africano una condecoración por su lucha del independentismo.

 
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