Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'el Bigotes', condenados a penas de cárcel por la rama valenciana de Gürtel

Madrid

El Tribunal de Justicia de Valencia ha dictado la primera sentencia por las adjudicaciones públicas a favor de las empresas de la trama Gürtel que ha recogido casi íntegramente la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Los magistrados, por unanimidad, condenan a 11 de los 13 acusados por haber adjudicado el stand de Fitur entre los años 2005 y 2009 a Orange Market, la sucursal de la trama en la Comunidad Valenciana.

Francisco Correa y Pablo Crespo han sido condenados a 13 años de prisión mientras que Álvaro Pérez, el Bigotes, recibe 12 años de reclusión. Sus lugartenientes, Cándido Herrero e Isabel Jordán afrontan 4 y 6 años de prisión, respectivamente. En el capítulo de cargos públicos, la exconsellera de turismo y antigua presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, la Perla, es condenada a 9 años de cárcel y su jefe de gabinete, Rafael Betoret, a seis años. Betoret ya fue condenado por el caso de las trajes de Francisco Camps. La rambién exconsellera, Angélica Such, ha sido absuelta.

Avaladas las grabaciones de Peñas

La sala ha admitido la legalidad de las grabaciones del exconcejal, José Luis Peñas, que fueron cuestionadas por las defensas de los acusados y que fueron aportadas en la denuncia inicial por su abogado Ángel Galindo. Dice la sentencia que "reproducen conversaciones que han mantenido los distintos interlocutores de una manera libre y espontánea, que surgen en el curso ordinario de sus actividades profesionales, a las que estrictamente afecta, y no podremos cuestionar su licitud ya que cuando las efectúa el señor Peñas estaba presente como un partícipe activo de las mismas, tratándose por tanto de la grabación de sus propias conversaciones".

Organización empresarial para manipular concursos

Los magistrados sostienen que los acusados crearon una trama empresarial para obtener los contratos tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos. El grupo de empresas de Correa, añaden, era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. Las mercantiles, concluye, carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes. unos márgenes que eran admitidos por la administración que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa que tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

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