El Poder Judicial no puede investigar a la "magistrada amiga" que facilitó datos secretos a los investigados en 'Lezo'

Madrid

Según recogen las conversaciones intervenidas por orden del juez Eloy de Velasco, adelantadas por el diario El Español, el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente del Gobierno de Madrid Ignacio González sabían desde hacía al menos cinco meses que sus conversaciones estaban siendo escuchadas por la Guardia Civil. Sabían que estaban bajo la lupa judicial, según reconoce el propio Casals, porque "una magistrada amiga de la casa" había llamado para prevenirles.

Este hecho “de enorme gravedad”, según algunos vocales del Poder Judicial, no puede ser investigado por la comisión disciplinaria, de momento, porque se trata de un delito penal. Un delito de revelación de secretos, castigados hasta con cinco años de cárcel) que debería ser investigado en primer lugar por la fiscala o bien por el propio juzgado para tratar de identificar a esa “magistrada amiga” que dio el soplo para alertar a los implicados.

Una vez que sea identificada esa persona, reconocen fuentes del Poder Judicial, se podría iniciar un expediente disciplinario para apartarla de la carrera judicial.

De momento, ni la Fiscalía ni el juez Eloy Velasco han abierto una investigación paralela por esta filtración que señala a un miembro de la carrera judicial como el autor de la delación que advirtió a Ignacio González de que estaba siendo investigado y sus teléfonos intervenidos.

Según Ignacio González, Casals le dijo: "Edmundo [Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón y presidente de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II] está acojonado, me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha llamado para decir oye, cuidao que han grabado una conversación de Edmundo muy extraña".

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Casal y Marhuenda, imputados

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, sigue imputado por supuestos delitos de coacciones y obstrucción a la Justicia, porque supuestamente ambos y Edmundo Rodríguez Sobrino han utilizado su poder en los medios de comunicación para "condicionar" o "tratar de influir" en la actual presidenta del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no presente pruebas incriminatorias contra Sobrino por las irregularidades detectadas en la compra por Inassa de la sociedad brasileña Emissao.