El Congreso vota derogar la reforma del PP que limita los plazos para investigar la corrupción
El pleno dará luz verde previsiblemente a la tramitación de una proposición de ley de Unidos Podemos para suprimir los plazos máximos de 6 meses y 18 meses en la instrucción de procesos penales. PSOE y Ciudadanos apoyarán derogar una reforma cuestionada por asociaciones de jueces y fiscales
Madrid
El pleno del Congreso dará hoy el primer paso, salvo sorpresas, para derogar otra de las polémicas reformas legales aprobadas por el PP cuando tenía mayoría absoluta. Unidos Podemos planteará la supresión de la polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la cual se redujo a 6 meses el plazo de instrucción de los procesos penales, ampliables a 18 meses en el caso de investigaciones complejas como las grandes causas contra la corrupción.
Más información
- Nuevas asociaciones se unen contra el recorte de las investigaciones judiciales
- El Gobierno aprueba la nueva Ley de Enjuiciamiento criminal
- Rebelión de los fiscales contra la norma que recorta el tiempo de investigación
- La Fiscalía reconoce la imposibilidad de revisar las causas abiertas
- Consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
En su iniciativa, Unidos Podemos argumenta que acortar los plazos de instrucción sin incrementar los medios escasos con que cuenta la Justicia “equivale en la práctica a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos”. Ello, sostiene el texto, “tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, así como de criminalidad organizada”.
En su exposición de motivos, la proposición de ley, que pide derogar el artículo 324 introducido por el PP en la reforma de 2015, recuerda que hasta seis asociaciones de jueces y fiscales pidieron en su momento la suspensión de la entrada en vigor de una reforma que consideraron como “una ley de punto final”. Previsiblemente la iniciativa será admitida a trámite ya que tanto PSOE como Ciudadanos han mostrado su intención de apoyarla. Hace unos meses el PP consiguió frenar esta misma proposición de ley en el Senado gracias a su mayoría absoluta. Entonces los populares argumentaron que los plazos de seis meses para causas ordinarias y de hasta dieciocho para las complejas, son “realistas y razonables y obedecen a un estudio pormenorizado de los procesos”.