Belloch, Marlaska, Enrique López y Velasco pugnan por la Sala de Apelaciones que revisará la Púnica o la Gürtel

Madrid

El exministro socialista de Justicia, Juan Alberto Belloch; el vocal del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska; el juez central de Instrucción, Eloy Velasco y el magistrado de la Audiencia, Enrique López, compiten entre otros, con su experiencia y especialización a las dos plazas vacantes de la nueva Sala de Apelación que tendrá la última palabra sobre las sentencias penales que dicte la Audiencia Nacional como la Gürtel, Bankia, el caso Púnica, o la operación Lezo.

Será una Sala compuesta por tres magistrados pero solo dos plazas han salido a concurso. La vacante para la presidencia de la Sala de Apelaciones será ocupada provisionalmente de forma interina por Jose Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, hasta que el puesto salga a concurso.

Sin embargo, ya hay una pugna abierta entre varios magistrados con diferentes sensibilidades para ocupar esas dos plazas. El Consejo deberá decidir si las nuevas vacantes deben ser ocupadas por los magistrados más antiguos en el escalafón o por el contrario, la asumen magistrados con una especialización reconocida.

Fernando Grande-Marlaska y Juan Alberto Belloch parten en igualdad de condiciones en cuanto a la antigüedad en la carrera judicial, aunque puede cobrar cierta ventaja Marlaska por haber sido presidente de Sala, lo que le daría prioridad para la elección. Fuentes cercanas a ambos magistrados no niegan la trascendencia de estos dos puestos que decidirán sobre el futuro de los casos de corrupción.

Enrique López y Eloy Velasco tienen una antigüedad menor en el escalafón de magistrados pero en cambio cuenta a su favor la especialización jurídica.

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Eloy Velasco instruye actualmente el caso Púnica sobre financiación ilegal del PP, en la que continúa en prisión el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y el caso Lezo, sobre irregularidades en el Canal de Isabel II por la que mantiene en prision, Francisco Gonzalez. Es un especialista en delincuencia informática.

Enrique López, ha sido portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado del Tribunal Constitucional. Tras abandonar este destino, regresó a su plaza en la Audiencia Nacional. Debía formar parte junto a Concepción Espejel del tribunal que juzga actualmente el caso Gürtel, pero ambos fueron recusados y apartados de la causa a petición del PSOE, por considerarlos magistrados “afines al PP”.

“La sala tienen muchos novios”, reconocen algunos aspirantes, no solo por el desafío jurídico que supone revisar la sentencias que hasta ahora estudiaba en exclusiva el Tribunal Supremo sino, sobre todo, porque los sumarios que llegan son los más interesantes y “con más trascendencia social y mediática”, apuntan.

Más garantías

La creación de este nuevo tribunal amplía las garantías para los justiciables porque abre las posibilidades de presentar un recurso más contra las sentencias que dictaban las cuatro salas de Penal que hasta ahora eran revisadas directamente por el Tribunal Supremo.

El CGPJ anuncia que dentro de las bases del concurso que la "provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera, hayan prestado servicios al menos durante diez años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista".

La comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial es quien debe decidir por un trámite reglado que jueces ocuparán las dos plazas, pero antes se abre un debate técnico sobre como valorar los méritos de los aspirantes. Por una parte, algunos candidatos como Juan Alberto Belloch o Fernando Grande Marlasca, creen que la antigüedad en el escalafón judicial debe ser prioritaria, pero también hay varios aspirantes como Eloy Velasco o Enrique López, que apoyan la especialización como uno de los requisitos básicos para el puesto, ya que se trata de sumarios que requieren una alta capacitación técnica por la complicación de sus entramados.

Especialidad o antigüedad, esas son las premisas para la elección de los dos magistrados que debe resolver el Consejo del Poder Judicial pero con la mirada puesta en el Tribunal Supremo ya que, sea cual sea la decisión que adopte la Comisión Permanente, ésta será recurrida ante la sala de lo Contencioso del alto tribunal que tiene la última palabra.

Otros aspirantes recurren

Cinco magistrados de la Sala de lo Penal han presentado un recurso de reposición ante el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), porque se consideran excluidos por un defecto de falta de previsión legal.

"Los recurrentes superamos las pruebas de especialización en el orden jurisdiccional penal, convocadas por el Pleno del CGPJ por Acuerdo de 30 de junio de 2011 y el nombramiento como magistrados especialistas se acordó en diciembre de 2012. Posteriormente las sentencias del Pleno de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2013 anularon la convocatoria, por no contar con la preceptiva habilitación legal".

Pero pese a la anulación, la misma sentencia decía que: "Ello no obsta para que la superación de las mismas por los magistrados pueda ser apreciada como un mérito cualificado para su promoción en la carrera judicial, que tenga en cuenta la objetividad y rigor de las referidas pruebas".

Por ello, en su recurso, añaden que pese a las sentencias expuestas del Pleno de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo "el concurso de traslado se convoca en el acuerdo, que se impugna, sin que el Consejo General del Poder Judicial haya desarrollado esas pruebas, ni reconocido las ya realizadas. Sin embargo indica expresamente que se preferirá a quienes ostenten la condición de especialista, como si actualmente fuese posible la existencia de especialistas".