La Fiscalía quiere investigar a Artur Mas por el gasto contable del 9-N
El ministerio púbico quiere abrir una nueva vía contable para que Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau respondan por el desembolso de 5 millones de euros de dinero público para la consulta soberanista en el 9-N
Madrid
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado un informe en el que apoya la denuncia presentada por la Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes y exige la apertura de una investigación contra el expresidente del Generalitat de Cataluña Artur Mas, el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades contables por el gasto de 5.129.833 euros en las votaciones del 9-N" de 2014.
El fiscal les acusa en su informe de haber utilizado fondos públicos para un proceso de participación ciudadana "carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria”. Y razona que a pesar de que por la vía penal no han sido acusados de malversación, existe otra vía alternativa para investigar estos gastos públicos, mediante la jurisdicción contable donde se contempla un concepto propio de malversación.
Los gastos generados, por lo tanto, fueron destinados a un fin "radicalmente ajeno a la función pública" y fueron por ello "carentes de justificación". Es aquí en esta nueva vía de investigación, donde el fiscal solicita al Tribunal de Cuentas que lo estudie y practiquen las actuaciones necesarias para esclarecer el gasto de cinco millones.
La Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes presentaron una denuncia por el despilfarro de dinero publico ya que a pesar de haber sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional no han sido investigados por su responsabilidad contable.
En el informe, el ministerio fiscal explica que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por los numerosos pagos efectuados con cargo al erario público que tuvieron como finalidad llevar a cabo la consulta del 9-N en 2014 pese a la orden contraria del Tribunal Constitucional.
Gastos concretos
Los denunciantes individualizaban en su denuncia los pagos irregulares efectuados con cargo al Tesoro Público: construcción de una página web institucional (14,837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962, 71 euros).
Las asociaciones de la Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes acusaron a Mas y a sus exmandatarios de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".
Condenados por desobediencia
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación al exmandatario catalán y a nueve meses a Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos. Los cuatro políticos fueron absueltos de prevaricación.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
